La oposición ha presentado al Gobierno Vasco las propuestas que quiere que sean incluidas en los presupuestos autonómicos de 2026 aunque, salvo EH Bildu, que no se ha pronunciado, ve difícil llegar a consensos, mientras que el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d’Anjou, ha dicho que se van a estudiar los documentos pero ha advertido de que no se van a alargar «infinitamente» las negociaciones.
Este lunes el Ejecutivo ha celebrado encuentros por separado con representantes de EH Bildu, PP y Sumar, todos los grupos de la oposición parlamentaria excepto Vox, que ha sido excluido por el Gobierno Vasco de la ronda de negociaciones sobre los presupuestos de 2026.
El consejero d’Anjou busca ampliar los acuerdos en torno a las cuentas públicas que, en cualquier caso, tienen garantizada su aprobación con la mayoría absoluta en el Parlamento de los partidos que sustentan el Gobierno, PNV y PSE.
Tras los encuentros el Departamento de Hacienda y Finanzas ha señalado que no se ha dado «carpetazo» a las demandas de ningún grupo y ha explicado que se estudiarán las propuestas y continuarán los intercambios de documentos y las conversaciones, aunque por el momento no está prevista otra ronda como la de hoy.
El consejero ha reiterado su mano tendida a la oposición pero también ha pedido que cualquier incremento del presupuesto que proponga vaya acompañado de los ajustes necesarios y ha demandado unas negociaciones «honestas, claras y sinceras». También ha advertido de que el Gobierno no va a entrar en dinámicas «que solo busquen dilatar las negociaciones».
EH Bildu pide una apuesta por la vivienda pública
EH Bildu no ha realizado declaraciones al finalizar el encuentro en el que la coalición ha entregado un documento en el que propone la creación de un fondo público-privado para la promoción de vivienda pública dotado con 1.000 millones de euros procedentes del endeudamiento. Calcula que en diez años se deberían crear entre 60.000 y 80.000 viviendas.
Estima que a esos mil millones se le podrían sumar otros 2.000 millones en los próximos diez años, mil millones provenientes de organismos públicos como el BEI o el ICO, y otros mil de entidades privadas como las fundaciones bancarias y las EPSV.
Plantea la movilización de «la totalidad de las viviendas turísticas legales» y de entre el 30 y el 50 % de la vivienda deshabitada, así como redensificar núcleos urbanos, por ejemplo con el uso de lonjas.
El PP ve difícil el acuerdo
Desde el PP, su portavoz parlamentaria, Laura Garrido, ha considerado «muy difícil» que su partido pueda alcanzar un acuerdo con el Gobierno Vasco y ha asegurado que estas negociaciones «no han empezado bien» porque a finales de octubre presentaron un documento con sus propuestas y no han recibido una respuesta.
Ha recordado que el PP reclama mayores partidas para seguridad, vivienda y sanidad porque con las que contiene el proyecto «no se solucionan los problemas actuales» de la sociedad vasca.
Sumar, que ha reconocido que su modelo es distinto al del PNV y PSE, ha planteado cinco enmiendas por valor de 890 millones de euros destinadas a incidir en las políticas de vivienda, transición energética, educación, sanidad y cuidados.
Esta formación ha situado la vivienda como «la primera urgencia del país», por lo que ha propuesto una serie de medidas por valor de 205 millones de euros para «ampliar el parque público, movilizar vivienda vacía y reforzar el alquiler social». También ha planteado un plan piloto de Renta Básica Universal dotado con 120 millones, además de la puesta en marcha de un Fondo Verde para una «reindustrialización justa», dotado con 180 millones de euros. EFE
