Según publica hoy El Correo en su edición impresa, uno de cada dos menores extranjeros sin familia que llamó a la puerta de la Diputación de Álava en busca de asistencia era, en realidad un adulto que pretendía aprovecharse de la consolidada red de protección social de la provincia.

73 de los 144 chicos que demandaron asistencia ya había cumplido o superado los 18 años.

Este porcentaje de fraude del 50.69% comprende el total de la actual legislatura. Desde agosto de 2011 hasta este mes. Estos mismos medios aducen que esta apuesta por un mayor control a cargo de la Diputación se fundamenta, sobre todo, en una mejor coordinación con otros agentes como la Delegación del Gobierno, la Fiscalía de Menores y Sanidad. Estos cuatro organismos siguen un protocolo de actuación con “todos” los menores foráneos que reclaman atención.


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