La nueva Ley de Administración Ambiental aprobada este jueves por el Parlamento Vasco nace con polémica principalmente por la facultad que otorga al Gobierno autonómico de aprobar proyectos de interés público superior (PIPS) en determinadas zonas incluso por encima de lo establecido en los planes urbanísticos municipales.
PNV y PSE, con mayoría parlamentaria absoluta, han votado a favor de la ley y todos los grupos de la oposición se han posicionado en contra después de un debate en el que han denunciado esa «invasión» de las competencias municipales porque el Gobierno Vasco podrá autorizar la instalación de depuradoras, vertederos, plantas de reciclaje y crematorios, entre otros proyectos, en los lugares que estime adecuados.
Ello se podrá hacer aunque las normativas urbanísticas de los ayuntamientos impidan la ubicación en un determinado lugar de su municipio de un proyecto de este tipo, una cuestión que además de los grupos de la oposición han rechazado varios ayuntamientos vascos, asociaciones sociales y medioambientales.
Este asunto ha protagonizado el debate en la Cámara y el resto del contenido de la norma ha quedado eclipsado. La consejera de Sostenibilidad, Desarrollo Económico y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha defendido la posición del Ejecutivo vasco y ha reconocido que es necesario disponer de un mecanismo en relación a estos proyectos que pueda superponerse a la normativa municipal si se determina que es la ubicación más adecuada para su desarrollo.
Y ha acusado a la oposición de mentir y de generar «ruido» sobre este tema con un «revuelo interesado y manipulado» porque todos estos proyectos de interés público superior, ha recalcado, estarán sujetos a todas las autorizaciones medioambientales y los ayuntamientos podrán elaborar sus respectivos informes.
Durante el debate, Mikel Otero (EH Bildu) ha considerado que con esta ley «lesiva» se da «vía libre a la imposición» porque cercena las competencias municipales y ha advertido de que ahora el Ejecutivo de Iñigo Urkullu podría aprobar, por ejemplo, la explotación de gas del pozo de Subijana (Vitoria), proyecto que ya ha sido rechazado, en contra del plan municipal.
Miren Gorrotxategi (Elkarrekin Podemos-IU) ha denunciado que la ley «pone patas arriba» el ordenamiento territorial y convierte a Tapia en la «alcaldesa oculta» de los municipios y también ha rechazado la mayor parte del contenido de la norma por priorizar la industria por encima de la salud de los ciudadanos y del medio ambiente.
Desde el grupo PP+Cs, Muriel Larrea ha manifestado que el PNV se ha empeñado en «ensuciar» un proyecto que tiene otros aspectos positivos, le ha culpado de modificar otra norma, la de ordenación territorial, sin el procedimiento legislativo ordinario y ha reprochado al PSE que dé carta blanca al Gobierno Vasco para decidir sobre los PIPS.
Amaia Martínez (Vox), por su parte, ha rechazado los «impuestos verdes» para los vascos que contempla la legislación y se ha quejado de que no se haya tenido en cuenta a los ayuntamientos en la elaboración de la ley.
Entre los grupos que sustentan al Gobierno Vasco, María Eugenia Arrizabalaga (PNV) ha destacado que la ley hace frente a la complejidad administrativa ambiental, agiliza trámites y da mayor protección al medio ambiente mientras que Alberto Alonso (PSE) ha destacado que promueve la economía circular y sostenible.
Al margen del asunto sobre los PIPS, la ley de Administración Ambiental establece que en los pliegos de cláusulas administrativas para la ejecución de contratos de obras y suministros se deberán indicar los porcentajes de subproductos, materias primas secundarias, materiales reciclados o provenientes de procesos de preparación para la reutilización que se tengan que utilizar.
El porcentaje mínimo de dichos materiales será del 40 % salvo por motivos técnicos justificados. Además, se establece la prohibición de contratar con la administración pública o la imposibilidad de obtener subvenciones públicas en los que casos en los que se hayan cometido infracciones muy graves o graves medioambientales hasta que no se hayan ejecutado las medidas correctoras y se haya satisfecho el importe de la sanción.
Entre las infracciones muy graves figuran la construcción y explotación sin la preceptiva autorización ambiental integrada o la ejecución de una actividad e instalación que haya producido un daño grave para el medio ambiente o haya puesto en peligro la seguridad o salud de las personas.
Se creará un registro de personas infractoras en el que se inscribirán las personas públicas y privadas infractoras sobre las que haya recaído una resolución firme.
Asimismo se señala que las administraciones vascas podrán establecer, en el ámbito de sus competencias, medidas fiscales y financieras, entre ellas tributos que graven el desarrollo de las actividades que provoquen afecciones al medio ambiente y bonificaciones para las que cumplan con la ley y fomenten la reutilización y el reciclado de residuos.
Tipica mamonada made in parlamentovasco. Hacer lo que le viene en gana quien manda, lo viene haciendo toda la vida. Unos plantan un aeropuerto «primera especial», un pabellón para uso y disfrute de una franquicia baloncestera, una academia de laerchaincha o un polígono industrial con ínfulas en plena área cerealista, y otros una cárcel en plena área protegida. Bueno, en éste aso la verdad es que algunos patalearon, pero se les pasó rápido.