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El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, ha pedido a la Fiscalía del Tribunal Supremo que interponga un recurso de casación para elevar la pena a los principales condenados del «caso de Miguel» al considerar que sí hay base para condenarlos por coacciones.

El pasado 17 de diciembre la Audiencia Provincial de Álava condenó a 13 años y 3 meses de cárcel a Alfredo de Miguel, el que fuera número dos del PNV en Álava y diputado foral, por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, tráfico de influencias, prevaricación y malversación, entre otros.

De Miguel fue condenado por crear en 2005 junto a los otros dos exdirigentes del PNV alavés -Koldo Otxandiano y Aitor Tellería, condenados a 7 años y medio y 6 años y medio, respectivamente- una red para obtener contratos de instituciones gobernadas por este partido y para el cobro de comisiones ilegales.

El tribunal los absolvió sin embargo del delito de coacciones hacia Ainhoa Alberdi, la abogada y empresaria que en 2009 dio origen al caso al denunciar ante la Fiscalía que De Miguel le había pedido una comisión de 100.000 euros por su intermediación para lograr un contrato en la ampliación del Parque Tecnológico de Álava.

Una vez recibida la postura de Izaguirre, serán los fiscales de sala del Supremo los que decidan si recurren o no la absolución del delito de coacciones, según publica el diarionorte.es.

Junto con De Miguel, Otxandiano y Tellería fueron absueltos de este delito Sergio Fernández Oleaga, administrador de una empresa que pagó una comisión ilegal para la ampliación del Parque Tecnológico de Álava; el gerente de este Parque Tecnológico entre 2006 y 2009, Alfonso Arriola, y el presidente de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi entre 2005 y 2009, Julián Sánchez-Alegría.

Fernández Oleaga sí fue condenado a 1 año y 6 meses de cárcel por los delitos de cohecho activo y de falsedad en documento privado; Arriola a 8 años de inhabilitación por actuar como cooperador necesario de un delito de prevaricación, y Sánchez Alegría a 14 de inhabilitación por prevaricación.

Aunque la Fiscalía del Supremo no atienda la pretensión de Izaguirre de recurrir su absolución del delito de coacciones, es seguro que el alto tribunal revisará las condenas del caso, ya que los principales encausados ya han anunciado su intención de interponer un recurso de casación. EFE


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