Un preso de Álava espera un

El juez Santiago Pedraz comienza a interrogar a ocho etarras por el asesinato del magistrado del Tribunal Supremo (TS), José Francisco Querol, el 30 de octubre de 2000 en Madrid, en un atentado con coche bomba en el que también murieron su escolta Jesús Escudero, su chófer Armando Medina y un conductor de la EMT.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional tiene previsto tomar este miércoles declaración por videoconferencia desde el centro penitenciario de Álava a cuatro de ellos, los que fueran integrantes del comando Madrid o Buruahauste: Ana Belén Egües, Gorka Palacios Alday, Ivan Apaolaza y Juan Luis Rubenach.

Al día siguiente será el turno de los exdirigentes etarras Javier García Gaztelu, Juan Antonio Olarra Guridi y Ainhoa Múgica, así como de otro miembro del comando Madrid que contaba con un piso en Salamanca, Oier Goitia, el único al que ha citado de forma presencial.

El juez les llama a declarar tras haber admitido a trámite en diciembre de 2021 una querella de Dignidad y Justicia en relación a este atentado no resuelto y que estaba a punto de prescribir.

Esta asociación de víctimas del terrorismo ha impulsado en los últimos meses varios procedimientos en los que se apunta a la responsabilidad de los exdirigentes de ETA en la comisión de diversos atentados, entre ellos los que acabaron con la vida de los concejales del PP en el País Vasco Gregorio Ordóñez y Miguel Ángel Blanco.

Al admitir la querella por el asesinato de este magistrado, Pedraz solicitó a la Policía Nacional y a la Guardia Civil un informe sobre la estructura de mando de ETA en el momento del atentado y de forma específica quiénes era los responsables de su aparato logístico implicados en la introducción de la gran cantidad de explosivos utilizados para el coche bomba.

El coche iba cargado con más de 30 kilos de dinamita que al explosionar además de alcanzar a las cuatro víctimas mortales hirió a 64 personas y causó daños a más de 400 viviendas.

La autoría de este atentado es atribuible al comando Buruahuste, único que actuaba en la capital en la fecha que se cometió el atentado y que fue desarticulado en noviembre de 2001 en Madrid con la detención de Ana Belén Egües y Aitor García Aliaga.

En su declaración policial Egües reconoció que la dirección de ETA, a través de un enlace, les ordenó, unos días antes de ejecutar el citado atentado, regresar a Francia, como así hicieron ella, Gorka Palacios y Juan Luis Rubenach.

Un documento de autocrítica o «cantada» intervenido a ETA en Francia, y que se atribuye a Egües, menciona un encuentro en esa época entre los responsables del Aparato Militar y los miembros del comando Buruahuste, lo que corroboraría la implicación de todos ellos en este atentado, según consta en un informe elaborado en esta causa por la Ertzaintza y al que ha tenido acceso EFE.

La hija del magistrado asesinado ha pedido además al juez que admita su personación en esta causa para poder ejercer la acusación particular.EFE



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