El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia que condenó al dueño de ‘La gilda del norte’ a una multa de 18.000 euros por contratar a trabajadores extranjeros en situación irregular para realizar tareas en la empresa de elaboración y venta de gildas.
El tribunal ve probado que advertía a los empleados de que en caso de inspección tenían que esconderse en las instalaciones de la empresa en base a las pruebas aportadas, entre ellas, el atestado policial elaborado a raíz de las inspecciones de trabajo llevadas a cabo en la empresa.
El TSJPV, en una sentencia difundida este lunes y firmada el 14 de septiembre, desestima el recurso de apelación de la defensa, confirma los hechos probados por la Audiencia vizcaína y ratifica el fallo, aunque precisa que cabe recurso de casación.
La sección segunda de la Audiencia vizcaína condenó a dicha multa al responsable de la empresa por un delito contra los derechos de los trabajadores en su modalidad de emplear de forma reiterada a ciudadanos extranjeros que carezcan de permiso de trabajo.
Además, el tribunal condenó al acusado al pago de una indemnización en concepto de responsabilidad civil de 2.500 euros para cada uno de los tres trabajadores que han ejercido la acusación particular en esta causa por los daños morales causados.
Por otro lado, absolvió a la hija del condenado de los delitos de los que venía siendo acusada como cómplice por las acusaciones particulares, al considerar que no ha quedado acreditado que participara en la contratación de trabajadores ilegales ni que actuara «en calidad de gerente» de la empresa.
La sentencia ve probado que el acusado se dedicó entre diciembre de 2018 y mayo de 2021 a «la contratación reiterada» de ciudadanos extranjeros en situación irregular en España, sin permiso de trabajo, sin ser dados de alta en la Seguridad Social y sin poner en conocimiento de las autoridades españolas su condición de trabajadores de su empresa.
Considera que estos trabajadores debido a su situación irregular y «a la necesidad de subsistencia, se veían abocados a asumir las condiciones laborales» que el acusado les ofrecía, «aprovechándose de que estos ciudadanos se encontraban en posición de debilidad por la amenaza de poder ser expulsados» del territorio nacional. efe
