El Gobierno Vasco ha denunciado que Verter Recycling, a través de la administración concursal de esta empresa encargada de la gestión del vertedero vizcaíno de Zaldibar, está incumpliendo el mandato que le obliga al sellado definitivo de estas instalaciones.

Cuando se cumple el tercer aniversario del derrumbe del vertedero, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha comparecido en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno para analizar la situación en torno al mismo.

El derrumbe se produjo el 6 de febrero de 2020 y dos operarios, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze quedaron sepultados.

Seis meses después fueron encontrados los restos del cuerpo de Sololuze. El operativo de búsqueda de su compañero continuó sin éxito hasta mayo de 2021 cuando finalmente fue suspendido.

Tapia ha recordado que el vertedero está estabilizado y presellado y ha señalado que corresponde a los titulares de Verter Recycling, en concurso de liquidación, proceder al sellado definitivo y al control y seguimiento de la postclausura aunque la competente es la administración concursal, que es la que «está obligada» a ello «sin que pueda eludir esa responsabilidad».

Ha explicado que el Gobierno Vasco sigue realizando inspecciones en el vertedero, de las que levanta actas sobre los incumplimientos de la administración concursal sobre el sellado definitivo que traslada a la Fiscalía.

Por otra parte la consejera ha explicado que el Gobierno Vasco, de forma subsidiaria, adoptó las medidas correspondientes para evitar y minimizar los daños ambientales tras el derrumbe y asumió los trabajos de búsqueda de los dos desaparecidos, unas actuaciones que supusieron para las arcas públicas un montante de unos 28 millones de euros que el Ejecutivo reclama a la empresa Verter.

Antes de esa reclamación la empresa solicitó el inicio del proceso concursal para proceder a su liquidación y posterior disolución, un asunto que se sigue en un juzgado de lo Mercantil de Bilbao.

Ha recordado que fue desestimado el recurso de Verter contra el abono de esa cantidad al Gobierno Vasco y una vez transcurrido el periodo de pago voluntario, este no se ha realizado.

Por ello, ha continuado, el Departamento de Tapia ha solicitado al de Economía y Hacienda que adopte las medidas oportunas para la ejecución por la vía de apremio de ese abono y que analice «la derivación de la deuda a los gestores y administradores de la empresa».

También la consejera ha señalado que el Gobierno Vasco sigue colaborando con la justicia en las causas abiertas relacionadas con el derrumbe.

El procedimiento judicial por el fallecimiento de los dos trabajadores se cerró en septiembre de 2021 con un acuerdo entre la Fiscalía y los imputados, los tres responsables de Verter Recycling, que asumieron su responsabilidad en esas muertes aceptando una pena de seis meses de prisión e indemnizaron a las familias de los fallecidos, eludiendo así entrar en la cárcel.

Un juzgado de Durango mantiene abierto un procedimiento por presuntos delitos contra el Medio Ambiente en la gestión de este vertedero.

El próximo 28 de febrero están llamados a declarar por este asunto, entre otros, tres técnicos de Medio Ambiente del Ejecutivo autonómico, que contarán con la asistencia letrada del Gobierno Vasco, ha confirmado la consejera.

A dos de ellos se les cita como técnicos pertenecientes al servicio de Inspección de la Viceconsejería de Medio Ambiente que intervinieron en la concesión a Verter Recycling -empresa responsable del vertedero- de la autorización ambiental que permitió el inicio de la explotación del vertedero.

La tercera persona investigada está citada por su intervención en las «inspecciones programadas» en el vertedero en 2017. EFE



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