El Parlamento ha instado al Gobierno Vasco a que elabore un inventario actualizado sobre las relaciones económicas y comerciales que mantiene con empresas israelíes y de las compañías que «participen de manera directa o indirecta en actividades vinculadas a la ocupación ilegal» de Gaza.
La Cámara ha debatido este jueves sendas iniciativas de EH Bildu y Sumar, grupos que han presentado finalmente una enmienda transaccional que ha sido rechazada, mientras que los grupos que apoyan al Gobierno, PNV y PSE-EE, han aprobado en solitario un texto.
La resolución aprobada, con la abstención de la coalición soberanista y Sumar y el voto en contra del PP y Vox, pide ese inventario de empresas israelíes y compañías que también puedan estar participando, directa o indirectamente, en la «represión de la población palestina».
Este planteamiento, aclara la enmienda, debe basarse en el derecho internacional humanitario y las resoluciones de Naciones Unidas «con el objeto de finalizar» dichas relaciones «de conformidad con la normativa vigente».
Cláusulas de respeto a los derechos humanos
Un segundo punto del texto aprobado propone al Ejecutivo que garantice que la contratación pública respete las normas internacionales de trabajo y los principios del derecho internacional, con la incorporación de cláusulas sociales y procesos de «diligencia debida» en materia de derechos humanos, «en coherencia con los compromisos institucionales del Gobierno Vasco y los estándares de la Unión Europea».
La propuesta de EH Bildu y Sumar pedía al Gobierno de Imanol Pradales que pusiera fin a los contratos y las relaciones de colaboración actualmente vigentes con empresas que «participan o se benefician, directa o indirectamente, de la ocupación y represión del pueblo palestino, garantizando los mecanismos de revisión del contrato, con el fin de poner fin a dichas relaciones en el plazo más breve posible de acuerdo con la normativa vigente».
Durante el debate, la parlamentaria del PNV Maitane Ipiñazar ha considerado «muy importante» el contenido de la resolución aprobada y ha lamentado que desde algunos grupos se haya intentado dar la impresión de que desde el Gobierno Vasco «no se hace lo suficiente» en favor del pueblo palestino.
Ipiñazar ha dicho que «no vale quedarse detrás de la pancarta», porque lo que se necesita son políticas «reales» como las que está llevando a cabo el Gobierno Vasco, con sus pronunciamientos pero también con todas las ayudas a oenegés y organismos que apoyan a los gazatíes.
Miren Gallastegui (PSE-EE) ha considerado que la posición de su grupo es «básicamente coincidente» con lo planteado por Sumar y EH Bildu y ha puesto en valor el real decreto convalidado este mes por el Congreso de los Diputados que, entre otras cosas, consolida el embargo de armas a Israel y aumenta hasta los 150 millones de euros al finalizar el año las ayudas directas a Gaza.
Diana Urrea (EH Bildu) ha argumentado que se debe apelar a la responsabilidad del sector privado, porque cada acuerdo comercial, cada contrato con un estado que persigue «la limpieza étnica es una grieta en una posición ética global».
Urrea ha afirmado que los derechos humanos «no se negocian» y que ahora es más importante que nunca que el Gobierno Vasco dé pasos «firmes, valientes y decididos» porque nadie puede ser «cómplice, por acción o por omisión», de lo que sigue sucediendo en Gaza y de los culpables de lo que ha ocurrido.
Jon Hernández (Sumar) ha sostenido que a pesar de que el texto que ha acordado con Bildu no ha salido adelante, el debate ha sido «útil» porque ha servido para lanzar el mensaje de que «los intereses económicos de las empresas no pueden estar por encima de los derechos humanos».
Hernández ha considerado que los gobiernos, también el de Euskadi, deben actuar en relación con las empresas que «hacen negocio con la ocupación» de territorios palestinos y en este punto ha citado a la guipuzcoana CAF por su participación en el proyecto de tren en Jerusalén este.
Laura Garrido (PP) ha defendido como «suficientes» las medidas adoptadas por el conjunto de la Unión Europea en torno a Israel, pero ha explicado su voto en contra al texto de nacionalistas y socialistas porque «vuelven a poner el foco solo» en este país cuando «este conflicto se inició» por los atentados de Hamás el 7 de octubre de hace dos años.
Amaia Martínez (Vox) ha coincidido en señalar el origen del conflicto en estos atentados y ha considerado que después de la firma del plan de paz en la zona hay «intereses partidistas para mantener vivo» dicho conflicto. EFE
