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(EFE).- La Fiscalía de Álava pide más de 54 años de cárcel para el ex número dos del PNV alavés Alfredo de Miguel, el presunto líder de una trama de cobro de comisiones ilegales, al que acusa de 27 delitos, entre ellos, cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, ha hecho público hoy su escrito de calificación, de 128 folios, en el que solicita la apertura de juicio contra un total de 26 personas, entre ellas, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, también exmiembros del PNV alavés, para quienes pide 32 años de cárcel, respectivamente.

El escrito del fiscal se ha conocido justo un año y un día después de que el juez Roberto Ramos culminara la instrucción del mayor sumario por presunta corrupción instruido en el País Vasco.

El magistrado concluyó entonces que había quedado «indiciariamente acreditada» la existencia de «una trama organizada» en torno a De Miguel para obtener irregularmente contratos y adjudicaciones de diferentes administraciones y entes públicos gobernados por el PNV.

Ahora la Fiscalía se reafirma en que De Miguel, ex diputado foral, ideó en una fecha «indeterminada», pero anterior a 2005, la creación de un entramado societario y personal organizado en torno a sí mismo para «obtener un ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas».

El fiscal jefe de Álava dice que para ello se aprovechó de las «responsabilidades políticas y/o administrativas» que tenía por su pertenencia al PNV y contó con la «ayuda o colaboración personal o societaria de otros acusados», «algunos de los cuales también tenían responsabilidades políticas».

Explica que dicho entramado estaba dirigido a obtener «irregularmente contratos o adjudicaciones públicas de diferentes administraciones o entes públicos gobernados por el PNV, ya fuera para empresas de su propiedad», como Kataia Consulting o para terceras personas y empresas con las que mantenía relación, como Errexal y Ortzi Muga.

El escrito indica que todas estas sociedades estaban «íntimamente ligadas entre sí», recuerda que todas ellas tenían una misma sede social y que en ellas trabajaban las mismas personas, entre ellas familiares de los principales imputados.

De hecho, la Fiscalía asegura que el domicilio social desde la que operaba la «trama delictiva» era una sociedad gastronómica en la que nunca hubo materiales ni personal para la actividad de una empresa.

Además, siempre según el fiscal, el entramado societario funcionó como empresas «pantalla» para canalizar el cobro de supuestas comisiones o percibir cantidades ilegales por trabajos que en varias ocasiones no fueron realizados.

Izaguirre explica que el «plan» fue acordado por De Miguel con Tellería y Ochandiano y sus respectivas esposas, Ainhoa Bilbao, Araceli Bajo e Iratxe Gaztelu, todas ellas acusadas. Asegura que todos fueron «detalladamente informados» de esa estrategia por De Miguel, y que «lo aceptaron, colaboraron en su ejecución y se lucraron de su ilícita actividad».

Sitúa a la hermana de De Miguel, Aintzane Izagirre, como la encargada de llevar la contabilidad del «pivote» de la trama delictiva, la empresa Kataia Consulting; de crear las «facturas falsas que justificaran los ilícitos cobros» y de «controlar las demás sociedades satélites que se integraron en la trama»

Además indica que los acusados en esta causa intervinieron en la «trama organizada, bien dirigiéndola, bien tomando parte directa en la ilícita actividad de manera permanente o esporádica, o bien financiando su actividad».

El fiscal relata en su escrito de acusación hasta diez «operaciones ilícitas» en las que según él intervino la trama; entre ellas varias contrataciones con la consejería de Cultura del Gobierno Vasco entre 2006 y 2008, durante la etapa de Juan José Ibarretxe; con la Diputación de Álava y con el Parque Tecnológico de Álava.

También se describen pagos de comisiones ilícitas de un 4 % como consecuencia de la adjudicación de obras públicas en las localidades alavesas de Lapuebla de Labarca y Zigoitia; e irregularidades en una operación urbanística en Zambrana y el pago derivado de comisiones ilícitas.

Entre todas ellas, está la presunta comisión que sirvió para destapar esta supuesta trama, la reclamación de un unos 100.000 euros que, según el fiscal, De Miguel exigió en 2008 a la empresaria Ainhoa Alberdi por un contrato en el Parque Tecnológico de Álava.

Ésta se negó a pagar e Izaguirre afirma que De Miguel y Tellería ejercieron una «dinámica» de «coacciones» sobre ella, quien grabó cómo la presionaban para que abonara la citada comisión, unas grabaciones que adjuntó en su denuncia.

El fiscal relata que la trama obtuvo entre 2006 y 2007 diversas cantidades por «adjudicaciones irregulares» con la dirección de Juventud del Gobierno Vasco y que cobró por trabajos sin que al Ejecutivo de Vitoria le constara la existencia de una contraprestación mercantil, y que para ello se contó con la «connivencia» de Gurutz Larrañaga, entonces viceconsejero del Departamento de Cultura

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