Euskadi dispone del segundo parque público de vivienda en alquiler más importante de España, únicamente por detrás de Andalucía, con 23.974 viviendas y 49.794, respectivamente, pese a que el País Vasco cuenta con casi cuatro veces menor población.
Esta es una de las conclusiones del informe La vivienda protegida en Euskadi, en el contexto estatal, elaborado por el Observatorio Vasco de la Vivienda, dependiente del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco y que se ha publicado este lunes en su página web.
El parque público de alquiler del País Vasco está integrado por las 14.750 viviendas que gestiona el Gobierno Vasco a través de Alokabide y las pertenecientes a las sociedades municipales de vivienda, principalmente las de Bilbao y San Sebastián.
El informe realiza un análisis comparativo de la situación de la vivienda protegida en Euskadi a partir de la información contenida en el Boletín especial de Vivienda Social 2020 publicado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que se centra en tres aspectos: la construcción de vivienda protegida en las distintas comunidades autónomas, el parque de vivienda social y la inversión en políticas de vivienda.
Entre 1981 y 2019 se finalizaron en el conjunto de España la construcción de 2.356.778 viviendas protegidas, de las que solo 167.479 (un 7 %) corresponden al periodo 2011-2019.
En Euskadi se edificaron 105.394 viviendas entre 1981 y 2019, lo que supone el 4,5 % del total. Si se toman las cifras de la última década, el peso de la aportación del País Vasco es muy relevante, ya que entre 2011 y 2019 se construyeron en la comunidad autónoma 18.134 viviendas protegidas, lo que representa casi el 11 % de la vivienda de protección pública terminada en toda España, solo por detrás de Madrid (31,6 %) y Andalucía (15 %).
El Departamento que dirige Iñaki Arriola ha destacado que aunque se parte de niveles muy bajos en comparación con otros países europeos, la promoción de vivienda protegida en alquiler a nivel estatal ha crecido sustancialmente en los últimos años, hasta alcanzar en 2019 el 21 % de la vivienda protegida terminada.
En este apartado ocupa un lugar «relevante y creciente» el País Vasco, donde cerca del 38 % de la nueva vivienda protegida está destinada al alquiler, un porcentaje muy superior al de Madrid (19,8 %), Andalucía (8,5 %) y Cataluña (8,1%).
En cuanto a las viviendas sociales, en 2019 había 240.000 viviendas de titularidad de las comunidades autónomas, de las que 178.493 eran en régimen de arrendamiento.
La inversión media en vivienda realizada entre 2002 y 2019 es de 41 euros por habitante y año en el conjunto estatal, mientras que Euskadi alcanza los 73,8 euros de gasto directo por habitante, la segunda más alta solo por detrás de Navarra (211,6).
Los incentivos fiscales también son una línea de intervención de las políticas de vivienda y según los datos tributarios de 2018 el impacto del gasto fiscal en vivienda asociado al IRPF de Euskadi es de 409 millones de euros, principalmente por la deducción por compra de vivienda, lo que supone una deducción por habitante de 185 euros. A nivel estatal, las deducciones fiscales en el ámbito de la vivienda son menores y la segunda comunidad en este apartado es Madrid, con 35 euros por habitante. EFE
