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Un informe encargado por el nuevo equipo de gobierno municipal a la Secretaría de la sociedad de gestión de los polígonos industriales GILSA constata que no es posible repercutir sobre Mercadona el sobrecoste de la urbanización de la parcela que esta empresa ha adquirido en Jundiz. Tal y como queda reflejado en el contrato de compraventa, corresponde a GILSA realizar la obra de urbanización y abonar el coste definitivo de la misma. Este hecho figura en varias estipulaciones del contrato e impide que Mercadona pueda asumir una parte del incremento de gastos que se ha producido en el acondicionamiento de la parcela.

Del mismo modo, el informe destaca la imposibilidad de revisar las condiciones del contrato al no alterarse el equilibrio económico de la compraventa teniendo en cuenta que su montante total supera los 10 millones de euros y GILSA obtiene beneficios de esta operación.

Tanto en la exposición del objeto del contrato de venta, como en el convenio urbanístico por el que se regula, como en las condiciones marcadas para la terminación y recepción de obras, se imputa a GILSA la responsabilidad económica de la urbanización de la parcela.

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