EFE).- El viceconsejero de Industria, Javier Zarraonandia, ha reconocido que la continuidad de los trámites de un contrato del Parque Tecnológico de Álava con la empresa de un imputado en el conocido como «caso de Miguel» ha sido «inoportuna» por coincidir con la apertura de este juicio, pero ha reivindicado su legalidad.
Zarraonaindia ha comparecido hoy en comisión parlamentaria a petición de EH Bildu para dar explicaciones sobre esta contrato con la empresa Stoa, cuyo administrador, Sergio Gernández Oleaga, está imputado en esta presunta trama corrupta.
Según la Fiscalía, que pide para él 12 años de cárcel, Fernández Oleaga logró este contrato gracias a la intermediación de De Miguel y abonó por ello una comisión de 3.570 euros a Kataia Consulting, la empresa sobre la que supuestamente pivotaba esta trama.
El viceconsejero ha explicado que Stoa resultó adjudicataria de un contrato para la redacción del planeamiento de una ampliación del parque que se convocó en 2008 ante la tendencia al alza de la venta de parcelas para proyectos empresariales.
Stoa se hizo con el concurso al hacer «la oferta más ventajosa», con 343.593 euros, y en 2010 el parque comenzó los trámites administrativos para solicitar al Ayuntamiento de Vitoria la ampliación del parque.
El viceconsejero ha explicado que la última petición que se cursó al Ayuntamiento con la propuesta de ampliación se hizo en febrero de este año, poco después del inicio en enero del juicio que procesa, entre otros, al exdirigente del PNV alavés Alfredo de Miguel.
Ha reconocido que el momento fue «absolutamente inoportuno», pero ha incidido en que la «responsabilidad de unos gestores está por encima» de esa circunstancia y ha insistido en que «si hace falta hay que llevarlo a cabo»
«La necesidad de ampliación del parque hay que acometerla porque de lo contrario nos quedamos sin suelo», ha subrayado el viceconsejero que, además, ha dejado claro que «ninguna instancia judicial ha requerido la suspensión cautelar de este contrato ni se ha dirigido al parque para comunicarle la existencia de irregularidades».
Por ello, ha reiterado que desde la dirección del parque no se ha visto la necesidad de suspender el contrato «cuando la adjudicataria ha cumplido con su trabajo».
Zarraonaindia ha insistido en que no se trata de una reactivación del contrato sino del proceso para la ampliación del parque, que ha insistido en que es necesario porque «hay demandas de parcelas muy grandes para proyectos importantes» a las que no se puede hacer frente con el terreno actual. «No hay nada más detrás», ha concluido. EFE
