Competencia a Bildu: Nuevo partido abertzale sin inmigración descontrolada

Un nuevo partido político de ideología nacionalista vasca y de izquierda pero que, a diferencia de las opciones actuales, rechaza abiertamente la «inmigración masiva descontrolada» ha comenzado a gestarse en Euskadi.

El nuevo partido, que se inscribirá próximamente en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior, prevé celebrar una asamblea constituyente el 9 de enero, según ha explicado en las redes sociales el experiodista de Gara Joseba Iturria.

El proyecto cuenta, según ha explicado Iturria, con un grupo promotor, pero por el momento, el experiodista de Gara es la única cara visible del nuevo partido, que afirma que su objetivo es concurrir a las elecciones forales y a las de Navarra, así como a las municipales, al menos en las capitales vascas y Pamplona.

Han elaborado un borrador de programa que defiende la «soberanía de Euskal Herria», su identidad como pueblo y su derecho a la autodeterminación.

Contra el modelo migratorio masivo

El segundo punto de su borrador aborda la cuestión de la inmigración para rechazar el «vigente modelo migratorio neoliberal basado en la importación masiva de trabajadores extranjeros para su explotación como mano de obra barata en beneficio de los intereses de la patronal».

El modelo de «inmigración masiva y descontrolada» perjudica a los extranjeros y también «a los jóvenes y trabajadores vascos que ven cómo suben sus alquileres y no los sueldos por la llegada de más personas para competir en sus trabajos».

«No habrá trabajo ni viviendas para todos los que quieran venir, no caben toda África ni Latinoamérica en Euskal Herria», sostiene esta formación, que aboga por mejorar la vida de las personas en sus lugares de origen y defiende a quienes llegan para pedir asilo o como refugiados por padecer guerras en sus países de origen.

Esta nueva formación se muestra «en contra de que las personas migrantes vivan de ayudas públicas sin intención de entrar en el mercado laboral» y alerta de que «tener a inmigrantes sin trabajar en nuestras calles es la causa de que porcentualmente sean muy superiores los delitos, hurtos, robos con violencia, agresiones y violaciones cometidos por este colectivo», un fenómeno del que responsabiliza a la «migración descontrolada» y no a los propios migrantes.

En consecuencia, defienden que los migrantes detenidos «por varios delitos cometidos contra ciudadanos vascos salgan de Euskal Herria», para lo que reclaman medios judiciales que permitan que las resoluciones sean rápidas y eviten la impunidad.

También apuestan por modificar las leyes de extranjería y de menores para que las instituciones vascas no tengan que asumir la responsabilidad «que deben tener las de otros países en los que no hayan conflictos bélicos o persecución política. Consideramos que, salvo en estos casos, los menores deben estar con sus familias», sostiene el borrador de programa.

Esta cuestión, principal punto de discrepancia con otras opciones de izquierdas existentes en Euskadi, constituye el punto dos del programa. El primero se refiere a la vivienda y contiene propuestas como limitar la adquisición de viviendas en las zonas tensionadas a personas físicas que vayan a vivir en ellas.

Garantías para los propietarios

Propone también que el sector público asuma el 30 % de la construcción de vivienda y que en cada promoción haya al menos un 50 % destinado a alquiler público y un 10 % de vivienda tasada.

También rechazan los decretos planteados por el Gobierno porque favorecen a fondos buitres y «empujan a los pequeños propietarios que pueden poner una vivienda en alquiler a no hacerlo si no se les da una seguridad de cobro o de poder recuperarla cuando se cumplan unos supuestos de necesidad para uso propio, para sus descendientes o por necesidad de venta al término de un contrato».

Defiende también reforzar la sanidad pública con más plazas de médicos y personal sanitario, mejorar la educación pública y garantizar el conocimiento del euskera, y establecer un salario mínimo interprofesional propio del País vasco con 14 pagas de 1.500 euros.

Por último, el borrador del programa plantea establecer un tope de cargos públicos a jornada completa, con la excepción de los de mayor responsabilidad, que deberán cobrar lo mismo que en las empresas en las que pidan excedencia, con la intención de contar «con las personas más cualificadas». EFE