EFE).- La Diputación de Álava ha reconocido hoy que el pasado mes de abril se presentó una denuncia sobre la posible participación en «actividades de prostitución» de un menor acogido en un centro foral y que ésta era conocida por la Policía Local de Vitoria, la Ertzaintza, la Fiscalía y la autoridad judicial.
Así lo ha asegurado hoy el diputado general de Álava, Ramiro González, al ser preguntado por informaciones periodísticas que han afirmado que la entidad foral conoció ya en abril la existencia de una denuncia por un posible caso de prostitución de menores en el centro de Sansoheta de Vitoria, en el que se acoge a jóvenes con problemas graves de comportamiento.
El pasado sábado, la diputada foral de Servicios Sociales de Álava, Beatriz Artolaza, explicó ante los medios de comunicación que la entidad foral presentó una demanda el pasado 6 de octubre ante la Ertzaintza después de conocer indicios de que en el centro bajo tutela de la entidad foral se podría estar dando un caso de prostitución de menores en el que estarían involucrados al menos cinco jóvenes con edades de entre 14 y 17 años.
La Ertzaintza está investigando este caso, que se encuentra bajo secreto de sumario y por el que ya ha ingresado en prisión un psicólogo no vinculado con Sansoheta. Además se ha apartado asimismo a un monitor de este centro.
En esa comparecencia ante los medios de comunicación del sábado la diputada foral no habló de que existía una denuncia desde abril y hoy González ha explicado que ésta no prosperó.
El diputado general ha precisado que los técnicos del área de menores de la entidad foral dieron a conocer la existencia de esta denuncia a la diputada foral a principios de octubre.
Según ha añadido, en abril la madre de un menor acogido en Sansoheta presentó ante la Policía Local una denuncia en relación con el robo de unos móviles en la que también se hablaba de «sospechas de posibles contactos sexuales».
La Policía Local contactó con el servicio de menores de la Diputación Foral para recabar información y ha asegurado que dio traslado a la Fiscalía de esa denuncia, en la que se «incluía la posible participación del menor en actividades de prostitución».
También ha dicho que en abril La Diputación contactó con la Ertzaintza, que también tenía en su poder la denuncia, y que ésta se inhibió a favor de la Policía Local, por ser este cuerpo el que la había recibido inicialmente.
Ha incidido en que los técnicos forales siguieron el recorrido policial de las investigaciones de esa primera denuncia que, según ha dicho, no prosperó porque no pudieron comprobar las sospechas. También ha dicho que activaron un protocolo con el menor, que fue «tremendamente complicado de seguir» por sus continuas ausencias del centro.
«Es cierto que en el mes de abril tanto la Policía, como la Fiscalía y la autoridad judicial conocían la existencia de unos indicios de que podría estar ocurriendo algo con un menor», ha reconocido González.
Preguntado por cómo es posible que los técnicos forales no informaran hasta octubre a la diputada de Servicios Forales de la denuncia de abril, González ha asegurado que los técnicos entendieron que era «suficiente» con que Policía, Fiscalía y autoridad judicial conocieran esos indicios y que las investigaciones de la Policía Local no llegaron a ningún lado.
González ha confirmado que el menor involucrado en la denuncia de abril está entre los cinco supuestamente implicados en el caso que se investiga ahora.
El diputado general ha incidido en que la obligación de la Diputación es proteger a los menores acogidos en estos centros, ha subrayado la necesidad de redoblar el control y las medidas de protección sobre ellos, y ha puesto el foco en las «personas sin escrúpulos» que contratan este tipo de servicios, que se prestaban fuera del centro de acogida.
Fuentes del Ayuntamiento de Vitoria han asegurado a Efe sin embargo que no existe como tal una denuncia de un posible caso de prostitución en la Policía Local y que se está analizando si existió «alguna otra comunicación».
Han explicado que el único detenido en este caso, un psicólogo, trabajó en una empresa contratada por el Ayuntamiento y que cuando el pasado 28 de octubre conocieron que estaba siendo investigado contactaron de urgencia con sus responsables para pedir que no estuviera nunca solo en sus contactos con las familias y los adolescentes a los que atendía.
Han añadido que tras ser detenido el pasado 4 de noviembre hubo una reunión con los grupos municipales para trasladarles toda la información y que tras su arresto, la Ertzaintza analizó el ordenador que utilizaba en oficinas municipales.
Si la cuestión principal es proteger a los menores, que es así, bastante mal lo está haciendo esta diputación sus técnicos y empresas que tan bien ocultan una nefasta gestión