El consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha reconocido que la fórmula que el Gobierno Vasco planteó al central para la posible reestructuración de la deuda que Tubos Reunidos mantiene con la SEPI no ha prosperado ya que esa vía no está recogida en el real decreto ley del Gobierno, aprobado por el Congreso, de medidas para paliar las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.
Tubos Reunidos arrastra una deuda de unos 263 millones de euros, de los que aproximadamente la mitad son con la SEPI, tras el préstamo que la entidad pública estatal otorgó al grupo vasco en 2021 por 112 millones, que no ha devuelto y genera intereses.
La deuda, junto a las pérdidas de la compañía, que en 2025 fueron de 181,1 millones de euros, es uno de los motivos utilizados por Tubos Reunidos para presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para sus plantas de Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia) con finalmente 285 despidos previstos.
Jauregi ha explicado en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que planteó al Ejecutivo central que se abriera una «vía legal» para que en las empresas impactadas por el «shock arancelario» de EE. UU. y por el «shock» energético consecuencia de la guerra de Irán, pudieran hacerse «cosas excepcionales» como una reestructuración de la deuda.
El Gobierno Vasco consideraba que había una oportunidad para introducir esta propuesta en el decreto ley de medidas para paliar los efectos de la guerra pero no ha sido así. «No ha aparecido, ahí se ha quedado», ha lamentado el consejero.
Sin embargo, Jauregi ha dicho que le consta que Tubos Reunidos sigue en conversaciones con la SEPI para hablar de la refinanciación de la deuda.
Ha insistido en que la solución viable a futuro de Tubos pasa por atraer uno o varios socios industriales a la empresa pero para que eso suceda, ha añadido, se tiene que solucionar el problema de la «mochila de la deuda» y también garantizar la «paz social».
Ramiro González pide no judicializar el ERE en Tubos para evitar una mayor incertidumbre
EFE).- El diputado general de Álava, Ramiro González, ha pedido a los sindicatos que no judicialicen el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Tubos Reunidos porque eso «genera incertidumbre», que es «lo último que necesita» la empresa.
Tubos Reunidos arrastra una deuda de unos 263 millones de euros, lo que sumado a las pérdidas de la compañía, que en 2025 fueron de 181,1 millones, es uno de los argumentos usados para presentar el ERE con 285 salidas de trabajadores en sus plantas de Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia).
El diputado general ha considerado que recurrir el expediente en los tribunales, como han anunciado varios sindicatos, «no conviene» a Tubos, cuya situación es «realmente complicada», aunque todavía es «posible mantener la actividad con un empleo importante en Aiaraldea».
«Si la voluntad de todas las partes es garantizar la continuidad de toda la empresa, el mejor instrumento para conseguirlo es el diálogo. Hay que seguir hablando y a través del diálogo intentar evitar procesos judiciales para evitar una situación de incertidumbre», ha dicho González en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno.
