Juicios Vitoria 2026: Maialen apuñalada, carrera ilegal y banda latina
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Jueces y fiscales vascos han comunicando «de manera masiva» que secundan la huelga convocada este martes en protesta por los proyectos legislativos que reforman el acceso a la carrera judicial y el Estatuto del Ministerio Fiscal.

Según ha explicado a EFE el presidente de la APM de Euskadi, Emilio Lamo de Espinosa, los datos recabados hasta el momento en esta primera jornada de paro apuntan que tanto jueces como fiscales en esta Comunidad Autónoma «están enviando correos electrónicos para comunicar su decisión de sumarse a la huelga de manera masiva y con un seguimiento bastante multitudinario».

De esa manera, ha añadido, es previsible que la actividad de los Palacios de Justicia vascos «se vea ralentizada» y que numerosos juicios y otros actos no urgentes no se van a celebrar, si bien hasta el final de las tres jornadas de huelga convocadas no está previsto que se faciliten datos concretos del seguimiento.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) convocantes de la huelga han considerado que jueces y fiscales están amparados por el derecho fundamental a la huelga que recoge la Constitución.

Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial ha reiterado que la convocatoria carece de base legal y, por ello, no ha determinado unos servicios mínimos.

El Comité de Huelga de las asociaciones convocantes emitió ayer una comunicación en la que animó a participar en la huelga para los días 1, 2 y 3 de julio, desde las 08:00 horas hasta las 16:00 horas, aclaró que «el derecho de huelga puede ejercerse todos los días o alguno de forma individual» y fijó unos servicios mínimos.

Lamo de Espinosa ha explicado que «se han reproducido de manera casi idéntica» los servicios mínimos que se establecieron en anteriores jornadas de huelga. En concreto, han fijado que se garantizará la actividad «en cuestiones que no admiten dilación, situaciones urgentes, causas con preso y medidas provisionalísimas».

Como en otras ocasiones que se han convocado paros, a jueces y fiscales que lo secunden «se nos detraerá del salario lo correspondiente a los días en que nos declaremos en huelga», ha indicado.

El Gobierno ha informado de que solicitará al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía General del Estado que les informe a las 14 horas de los jueces y fiscales que han secundado la huelga a fin de restarles el salario correspondiente.

El magistrado vasco ha explicado que con estos paros jueces y fiscales solicitan al Gobierno la retirada de los dos proyectos legislativos en tramitación, cuyos aspectos «más conflictivos son la integración dentro de la carrera judicial de 1.300 jueces y juezas sustitutos, al entender que no superaron las oposiciones de acceso» y «no han acreditado los conocimientos» necesarios que «es lo que hace al juez independiente».

También critican que la formación de los opositores sea a través de un órgano que dependa del Ministerio de Justicia, porque «se podría hacer un control de las personas que van a pasar la oposición».

«Pero no estamos en contra de las becas» para facilitar el acceso a la carrera judicial, ha aclarado.

También ha advertido que la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal potencia las competencias del Fiscal General del Estado «lo que podría conllevar que pudiera dar órdenes directas» sobre investigaciones, por ejemplo, de corrupción.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) acordó por mayoría adherirse al manifiesto de jueces y fiscales, en el que se planteó la huelga, aunque ese acuerdo del pleno de la Sala de Gobierno contó con dos en contra: el del presidente del TSJPV, Iñaki Subijana, quien formuló un voto particular, al que se adhirió la magistrada Julia Saurí.

Subijana explicó que la Sala de Gobierno «no debe adoptar pronunciamientos públicos de valoración de un proyecto de ley» en tramitación.

La Sala de Gobierno del TSJPV se sumó al comunicado que afirmaba que las reformas planteadas suponen «un ataque grave a la independencia del Poder Judicial y a la autonomía del Ministerio Fiscal». EFE

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