(EFE).- El proyecto de quinta modificación de la Ley de Policía del País Vasco prevé la creación de un «mecanismo de control externo» que analizará las actuaciones de este cuerpo y de las distintas policías locales que susciten quejas ciudadanas.
La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, ha comparecido esta semana en comisión en el Parlamento Vasco para informar sobre este proyecto legislativo, que copia «prácticamente en su literalidad» el que el Ejecutivo aprobó en 2016 y cuya tramitación en la Cámara no llegó a concluir al agotarse la pasada legislatura.
Entre las novedades, figura esta Comisión de Control y Transparencia (en el anterior proyecto se denominaba Comisión de Buenas Prácticas), que estará formada por ertzainas de la máxima escala y por expertos externos que actuarán con «neutralidad e independencia».
Su misión será estudiar conductas de ertzainas y agentes locales sobre las que existan quejas, aunque también analizará de oficio los operativos en los que se produzcan fallecimientos o lesiones graves a una persona.
Todo ello redundará en la «transparencia» de la Policía, ha dicho la consejera, que ha explicado que la ley también persigue impulsar la presencia femenina en ella. En las últimas promociones, el porcentaje de mujeres que superaron el proceso selectivo fue del 26 % en la Ertzaintza y del 21 % en policías locales.
Así, se prevén medidas de discriminación positiva en favor de las mujeres para su ingreso y promoción en la Policía, siempre «dentro de los parámetros judiciales europeos».
Se suprime además la figura de superintendente para «facilitar el acceso a puestos de responsabilidad» y se regulan la segunda actividad por edad y por insuficiencia psicofísica y la concesión de condecoraciones, que podrán recibir agentes jubilados o fallecidos en acto de servicio.
En relación con la carrera profesional, se reduce el número de años de servicio para ascender y se suprime el límite de tres convocatorias para participar en procedimientos de promoción interna. En cuanto del régimen disciplinario, se incorporan nuevas faltas muy graves en materia de acoso sexual y acoso laboral reiterado.
Se trata en definitiva, ha dicho Beltrán de Heredia, de «consolidar el modelo policial vasco de cercanía y compromiso con una sociedad «abierta, plural, bilingüe y formada por hombres y mujeres iguales en derechos».
La consejera ha animado a los grupo a hacer aportaciones a la ley, ha deseado que saga adelante con el «beneplácito de todos» y ha pedido a EH Bildu -que ha criticado varios aspectos del texto- a quitarse «las mochilas que tiene» y haga propuestas para mejorar la ley.
El representante abertzale Julen Arzuaga ha confesado que la Comisión de Control y Transparencia le genera «una absoluta desconfianza» y ha criticado la «autocomplacencia» del Departamento de Seguridad con respecto al funcionamiento de la Ertzaintza.
Al igual que otros grupos de la oposición, ha afeado la «tardanza» del Gobierno en presentar una ley muy parecida a la decaída en la legislatura anterior, aunque Iñigo Iturrate (PNV) y Txarli Prieto (PSE) -formaciones coaligadas en el Gobierno Vasco- han recordado que la fecha respeta el calendario legislativo.
Desde Elkarrekin Podemos, Edurne García ha abogado por un modelo policial «con un concepto más amplio» que «el delito y la amenaza», y desde el PP, Nerea Llanos ha pedido medidas que «hagan atractivo» para las mujeres hacerse policía.
Llanos ha protagonizado momentos de tensión en la comisión, cuando ha reprochado a su presidente, David Latxaga (PNV) que haya programado en una sola sesión (el miércoles próximo a las 13.30 horas) las comparecencias de seis sindicatos para que opinen sobre la ley a petición del PP.
«Me parece un despropósito y una falta de respeto hacia los comparecientes y hacia los intervinientes», ha dicho la popular, al tiempo que ha pedido limitar a tres el máximo de comparecientes en casa sesión.
El resto de grupos de la oposición -también el PNV se ha mostrado comprensivo- han respaldado a Llanos y Latxaga se ha comprometido a estudiar al calendario para buscar una solución, aunque ha advertido de que será difícil porque hay un solo mes de plazo para programar veinte comparecencias. EFE
