Foto de una concentración ajena a la información

(EFE).- El endeudamiento de mujeres por decisiones adoptadas por su pareja, que las dejan en riesgo de exclusión social, ha aumentado un 15 % en 2015, un tipo de abuso que la compañía Repara tu Deuda califica de «violencia económica».

Esta empresa, especializada en aplicar la Ley de Segunda Oportunidad para la cancelación de deudas, ha alertado en un comunicado de que tras unos años de crisis este tipo de abusos de los hombres hacia sus parejas se ha convertido en un problema en alza.

Según sus datos, el año pasado la «violencia machista de tipo económico» aumentó un 18 % en Bizkaia, un 17 % en Álava y un 12 % en Gipuzkoa.

«Aunque el grueso de las solicitudes que se reciben corresponden a casos de violencia psíquica y física, en los últimos años se observa un incremento importante de casos en los que la mujer sufre violencia económica», señala esta compañía.

Son procesos en los que la mujer se encuentra en una situación límite económicamente hablando debido a decisiones tomadas por su pareja.

Dichas mujeres se encuentran en situación de bloqueo con las entidades bancarias y en riesgo de exclusión social apenas darse cuenta.

«Cada vez nos encontramos más casos de mujeres que de pronto se ven endeudadas sin ser conscientes. No saben de los negocios de sus maridos ni llevan las cuentas de casa», explica esta empresa.

Como ejemplo ponen el caso de una señora cuya pareja puso a nombre de ella todas sus actividades comerciales y al fracasar su negocio «él ha quedado insolvente y ella cerca de la exclusión social».

Desde que se aprobó en julio de 2015 la Ley de la Segunda Oportunidad cada vez son más las personas que exoneran sus deudas y ya se han resuelto más de 150 casos en España, aunque esta compañía calcula que unos 3,5 millones de personas se encuentran hoy en día en situación de bloqueo frente a las entidades bancarias.

Repara Tu Deuda es la primera reparadora de crédito española online constituida por varios despachos de abogados y se dedica a tramitar ante los juzgados un convenio voluntario entre las partes y a canalizar las llamadas telefónicas que reciben a diario estos deudores por parte de bancos o empresas que gestionan la morosidad.

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