(EFE).- El País Vasco es la tercera comunidad autónoma, tras Cataluña y Madrid, donde más incidentes por delitos de odio se registraron en 2016, un total de 141, la mayoría de ellos, 105, en Bizkaia, mientras que en Álava hubo 20 y en Gipuzkoa, 16.
El País Vasco fue además la comunidad en la que hubo más detenidos e investigados en relación a estos delitos, un total de 96, de ellos 75 en Bizkaia, 15 en Gipuzkoa y 6 en Álava.
A nivel nacional, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y policías autonómicas registraron el pasado año un total de 1.272 incidentes por delitos de odio, un 4,2 % menos que en 2015, aunque los relacionados con discriminación por sexo y género subieron un 70,8 %, debido sobre todo a la reforma del Código Penal de 2015.
Así lo ha explicado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en la rueda de prensa en la que ha ofrecido los datos del cuarto informe sobre incidentes relacionados con delitos de odio en España, correspondiente al año pasado.
Los incidentes se distribuyen de la siguiente forma: racismo y xenofobia (416), discapacidad (262), ideología (259), orientación o identidad sexual (230), creencias o prácticas religiosas (47), discriminación por razón de sexo o género (41), aporofobia u odio al indigente (10) y antisemitismo (7).
En relación a Euskadi, la mayoría de este tipo de delitos se produjeron por incidentes relativos al racismo y xenofobia (63), seguidos de los de ideología (39), orientación e identidad sexual (30), discapacidad (4), creencia o prácticas religiosas (3) y aporofobia (2).
En total, en el País Vasco hubo 180 víctimas, 146 de ellas en Bizkaia, 23 en Gipuzkoa y 11 en Álava.
La mayoría de las víctimas en esta comunidad autónoma lo fueron por delitos relacionados con el racismo y la xenofobia (90), seguidos de los relativos a la orientación e identidad sexual (53) y a cuestiones sobre ideología (16).
A nivel estatal el informe refleja que la mayoría de estos delitos ha descendido, como los relacionados con el antisemitismo (-22,2%), la aporofobia (-41,2 %), las creencias religiosas (-32,9 %), el racismo y la xenofocia (-17,6 %) o con la ideología (-15,9).
Sin embargo los incidentes relacionados con la discriminación por género o sexo ascienden un 70,8 % en esta estadística, al pasar de 24 denuncias en 2015 a 41 en 2016, aunque el ministro ha precisado que este incremento se debe a la reforma del Código Penal de 2015, en la que se incluyen estos hechos como delito, de manera que se computan como tal desde mediados de ese año.
También aumentan los incidentes motivados por la orientación o identidad sexual (36,1%) y por discapacidad (15,9%).
Un «índice muy elevado» de los incidentes, concretamente el 64,2% han sido resueltos, ha destacado Zoido.
La mayoría de las víctimas son hombres (789, lo que supone más del 60%), con una edad de entre 18 y 40 años (51,31%), y de nacionalidad española (72,9%). Los menores constituyen el 13,8% de todas las víctimas, una cifra muy similar a la de 2015.
Asimismo, la mayoría de los detenidos o investigados por delitos de odio son hombres (86,6%), tienen entre 18 y 40 años (53,9%) y son españoles (83,2%).
Durante su intervención Zoido ha destacado que el Ministerio del Interior ha puesto en marcha una encuesta para las víctimas de delitos de odio, que se podrá cumplimentar hasta septiembre desde la página web, con el fin de «obtener una radiografía lo más exhaustiva posible de todas las conductas discriminatorias que tienen lugar en la sociedad».
El ministro ha agradecido su labor a los responsables de la Fiscalía especializada en delitos de odio, entre otras instituciones implicadas en este ámbito, y especialmente el de las asociaciones LGTBI, sobre las que ha dicho que son «fundamentales» para que la sociedad se conciencie y denuncie por la trayectoria que tienen y la confianza que generan.
«Hoy somos muchos más respetuosos. Igual por haber sido los últimos ahora queremos ser los primeros», ha dicho el ministro tras subrayar el trabajo que se lleva a cabo en España desde hace años en este ámbito, participando en los foros internacionales más relevantes.
Ha hecho hincapié en la aprobación de la denominada Estrategia Estatal de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales aprobada para reconocer y equipar sus derechos y ha asegurado que desde el Gobierno y su Departamento se seguirá «reforzando los pilares que sostengan la protección de los derechos humanos».
