(EFE).- Todos los representantes de la Diputación de Álava y de las sociedades dependientes de esta institución firmarán un Código Ética y Buen Gobierno que les obligará a actuar con austeridad, honestidad, a no aceptar regalos y a impedir cualquier situación de privilegio.

El diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), ha informado hoy de la aprobación de este código por parte del Consejo de Diputados, al que se deberán adherir todos los cargos del sector público de Álava.

El código se sustenta en los principios de honestidad, imparcialidad, objetividad, respeto al marco jurídico y a todas las personas, transparencia, austeridad y eficacia.

Además prevé crear una Comisión de Ética Pública que velará por el cumplimiento de este código y que estará integrada por la diputada de Función Pública, Cristina González (PSE); el director del gabinete del diputado general; así como por un funcionario de la Diputación y otras dos personas ajenas a esta institución que tengan experiencia en ética, Derecho y en la dirección ejecutiva.

«Con este código queremos ir más allá del cumplimiento de la ley», ha señalado González, quien ha explicado que, aunque ya se guían por estos principios, el objetivo es hacer público este compromiso y que el control de la actuación de todos los cargos forales recaiga en un órgano en el que algunos de sus miembros no pertenecen al gobierno ni a los partidos que lo sustentan.

El objetivo es buscar la eficacia de los recursos públicos, pero además actuar con respeto a la dignidad de las personas, tratar a la ciudadanía con corrección, promover la igualdad de género y evitar toda discriminación.

El Código Ético y de Buena Conducta especifica también que los representantes alaveses rechazarán cualquier regalo, favor o servicio, más allá de la mera cortesía, y harán un uso adecuado y austero de los gastos de representación y de las atenciones protocolarias que tengan por su cargo.

Por ello, los miembros del gobierno foral y los altos directivos tendrán que justificar los gastos que hagan y no dispondrán de tarjetas de crédito para pagarlos.

La comisión de control será la encargada de recibir las quejas o denuncias sobre posibles incumplimientos de estos principios.

Aunque no se ha establecido de antemano un régimen sancionador, la comisión será la encargada de evaluar los posibles incumplimiento y determinar posibles sanciones



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