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La reunión que han mantenido este jueves el Departamento vasco de Educación y los sindicatos que representan al profesorado de la escuela pública para actualizar las condiciones laborales ha acabado sin acuerdo y la negociación quedará en manos del próximo Gobierno Vasco que se conformará en menos de dos semanas.

La enseñanza pública vasca cuenta con más de 25.000 docentes, cuyas condiciones laborales se recogen en un convenio que data de 2010 y que por lo tanto, lleva 14 años sin actualizar.

En la reunión de hoy, el Departamento de Educación ha entregado a las centrales una propuesta «cerrada», según Steilas y ELA, en la que ambos sindicatos han lamentado que no se hayan recogido las demandas del colectivo.

Desde Steilas, Nagore Iturrioz ha explicado en declaraciones a Efe que ningún sindicato ha firmado el documento planteado por Educación, lo que implica que sigue vigente el convenio de 2010 y que será el departamento que se cree bajo la presidencia de Imanol Pradales, el que continúe con la negociación.

Iturrioz ha lamentado que a pesar de que las conversaciones se han prolongado durante toda la anterior legislatura, Educación no ha tenido «voluntad» de presentar medidas «concretas con una dotación económica».

Los principales escollos han estado para Steilas en todo lo relativo a las jubilaciones, a la carga docente y a los salarios, áreas en las que no han conseguido acercar posturas.

Ha recordado que este sindicato ha puesto sobre la mesa en varias ocasiones propuestas para que se rejuvenezca la plantilla, que no han sido atendidas, al tiempo que en relación a la carga docente, ha insistido en que es necesario que se doten a los centros de un mayor número de profesorado para poder hacer frente a los distintos proyectos que se van sumando a la educación pública.

En cuanto a los salarios, Iturrioz ha señalado que no se les ha trasladado ninguna propuesta concreta. En este sentido, ha explicado que aunque tanto la cuestión de la jubilación y la salarial están marcadas por el Gobierno central, siempre hay márgenes para que los gobiernos autonómicos actúen.

Por su parte, ELA también se ha mostrado crítica con la postura del departamento de Jokin Bildarratz, al que ha responsabilizado de «haber renunciado» a actualizar los salarios del profesorado de la educación pública, a dar estabilidad al personal temporal, y a negociar medidas para garantizar unas adecuadas cargas de trabajo, salud laboral, y jubilación anticipada.

La propuesta del Gobierno Vasco en funciones ha sido, para este sindicato, «cerrada», por lo que ha considerado que las centrales deben proseguir con las movilizaciones, que se han traducido a lo largo de este curso en cuatro huelgas.

En una nota, ELA ha asegurado que como consecuencia de la no actualización de las condiciones laborales los profesores han perdido un 20 % de su poder adquisitivo y tienen una temporalidad superior al 40 %, con «cargas de trabajo inadecuadas y múltiples problemas de riesgo psicosocial y de salud laboral».

Ha señalado además que Educación no ha propuesto procesos de consolidación de plazas para reducir la temporalidad, ni medidas para recuperar el poder adquisitivo, ni para aliviar las cargas de trabajo, ni para rejuvenecer las plantillas con jubilaciones anticipadas.

Además, al igual que Steilas, este sindicato ha afirmado que el área de Bildarratz pretende empeorar las condiciones actuales con la modificación del criterio de ordenación de las listas de sustitutos para relacionarlo con la puntuación de las OPE, así como restringir «los derechos que le corresponde al profesorado sustituto por trabajar 165 días anuales» y la imposición de la presencialidad de 30 horas. EFE



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