El Gobierno central ha impuesto a Vitoria un centro de refugiados que ahora está en obras en Arana (Vitoria) y que verá la luz en breve. Tras la imposición y las críticas mayoritarias que han surgido en la ciudad, ahora desde la administración que ordena hablan del deseo de un proyecto «compartido y consensuado».
Solo es maquillaje y propuesta fantasma, en nuestra opinión.
La delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, ha manifestado que el Ejecutivo español quiere que el futuro centro de refugiados sea un proyecto «compartido y consensuado» con otras instituciones.
Ahora…
Ahora desde el Ministerio se tiene la intención de «trabajar de la mano de todas las instituciones locales y autonómicas para hacer que el proyecto sea compartido; que sea un proyecto consensuado y trabajado con los agentes locales, autonómicos y vecinales».
Hay que recordar que hace unos días, la alcaldesa Maider Etxebarria logró bajar las plazas de las 350 previstas a 200. Hubo rectificación desde Madrid, pero no habrá más.
El choque entre imposición y consenso
La declaraciones reflejan una contradicción evidente: primero se impone el centro de refugiados en Arana, lo que genera rechazo social y político, y después se intenta vestir la decisión con un discurso de consenso.
Este giro puede interpretarse como un intento de suavizar la percepción pública, pero deja la sensación de que el consenso llega tarde, cuando la decisión ya está tomada.
Sí o sí
La tensión social en Vitoria
El rechazo mayoritario en la ciudad indica que el proyecto no ha sido socializado adecuadamente. La falta de información, participación vecinal y transparencia en la toma de decisiones suele generar resistencia.
Hablar ahora de un proyecto “compartido y consensuado” suena más a estrategia comunicativa que a una verdadera voluntad de participación ciudadana.
CONCLUSIÓN EDITORIAL:
La política de imponer decisiones y, solo después, abrir la puerta al diálogo es una forma de gobernar que erosiona la confianza ciudadana y degrada el concepto mismo de consenso.
No se puede llamar “compartido” a un proyecto que nace de la imposición, ni “consensuado” a una decisión tomada de antemano.
El intento posterior de maquillar la imposición con palabras amables no borra la realidad:
Se ha ignorado a la ciudad, se ha despreciado a sus instituciones y se ha relegado a los vecinos al papel de meros espectadores.
Negociar después de imponer no es negociar, es administrar daños. Y esa forma de proceder no construye comunidad, la fractura.
¿Y qué tal un proyecto «compartido y consensuado» con los ciudadanos de a pie que somos los que pagamos la fiesta?
Que mareen menos la perdiz y que nos pregunten a los ciudadanos.
Verás qué pronto nos ponemos nosotros de acuerdo.
Más valía que hicieran una residencia de ancianos.
Con nuestras leyes nos conquistarán y con las suyas nos gobernarán. No sé quién dijo esa frase, pero que sabio es.
Cuándo son las próximas elecciones?
Pues creo que los ciudadanos queremos consensuadamente que los metan en todas las casas de buenistas. Si tienen lo que hace falta, a parte de hipócresia, que se atrevan a preguntar a la población.
DEMOCRACIA??????