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Los grupos que apoyan al gobierno de la Diputación de Álava, PNV y PSE-EE, han rechazado este viernes la devolución del proyecto de presupuestos de la institución foral para 2023, tal y como habían pedido EH Bildu y Elkarrekin Araba.

Con su mayoría en las Juntas Generales, nacionalistas y socialistas se han opuesto a las dos enmiendas a la totalidad presentadas por estos grupos de la oposición, mientras que el PP se ha abstenido en la votación.

Ahora, el proyecto de presupuestos sigue con su tramitación en la cámara foral y las más de 400 enmiendas parciales presentadas por los grupos se debatirán en comisión los próximos lunes y martes para que las cuentas sean definitivamente aprobadas el viernes de la misma semana.

Los presupuestos de la Diputación alavesa para el próximo ejercicio ascienden a 650,1 millones de euros, 75 millones más que los de este año, lo que supone un incremento del 13,1 %.

La diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, Itziar Gonzalo, ha dicho que es un proyecto reflejo de una «política rigurosa, prudente y responsable» que dedica 286 millones al gasto social, lo que demuestra una «clara apuesta» por la protección de la ciudadanía.

Además de esta cantidad, el proyecto contempla 32,5 millones de euros para políticas relacionadas con el fomento del empleo y otros 49 millones para inversiones dirigidas a la transformación del territorio.

Todos los grupos de la oposición, también el PP, han considerado que el Gobierno presidido por el diputado general, Ramiro González, no ha tenido una verdadera voluntad de negociación.

Kike Fernández de Pinedo (EH Bildu) ha dicho que este proyecto es «más de lo mismo, más clientelismo y más recetas caducas neoliberales y menos solidaridad».

Ha reclamado una fiscalidad «más justa» porque la actual «carga todo» sobre el IRPF y el IVA, «que pagan igual pobres y ricos», mientras que el Impuesto de Sociedades solo aporta el 7 % de los ingresos, cuando hace unos años suponía el 15 %.

David Rodríguez (Elkarrekin Araba) ha sido muy crítico con la deflactación lineal del IRPF del 2 % para el próximo año, que se suma a la del 5,5 % acumulada en este ejercicio, una medida que «beneficia sobre todo a las rentas más altas».

Ha explicado que con los 21 millones que la Diputación va a dejar de recaudar por esta medida su grupo propone, entre otras cosas, ayudas a la cesta básica de alimentos para las familias con menor renta, apoyar las medidas contra la pobreza energética, para las tareas de cuidado en el hogar y el fomento de la contratación de los menores de treinta años.

Iñaki Oyarzabal (PP) ha defendido las propuestas de su grupo de «alivio fiscal» y que los «impuestos de los alaveses reviertan en Álava», y ha explicado que hay muchos motivos para presentar una enmienda a la totalidad a los presupuestos pero que no lo han hecho para que el Gobierno foral no recurra al «juego de situar a toda la oposición en un bloque del ‘no'».

Ha acusado a ese Gobierno de «no saber aprovechar» la situación de récord de recaudación y de desarrollar políticas que «asfixian a las clases medias y empobrecen a las familias más pobres» porque quieren sociedades «empobrecidas y subsidiadas».

Izaskun Moyua (PNV) ha acusado a EH Bildu y Elkarrekin Araba de haber dado un «portazo» a unos presupuestos «muy buenos para las personas, las familias y las empresas, y para consolidar proyectos estratégicos» en el territorio.

Ha considerado que la política fiscal no debe estar en «escenarios populistas coyunturales ni en el rifirrafe electoralista», en referencia implícita al PP, del que ha dicho que plantea bajar los impuestos y aumentar el gasto.

Jon Nogales (PSE-EE) ha acusado a EH Bildu y Elkarrekin Araba de no presentar «ninguna alternativa real» a lo que proponen los presupuestos.

Nogales ha concluido que los grupos de la oposición van a tener «muy difícil explicar» su rechazo a unas cuentas «volcadas en proteger a la ciudadanía alavesa de los efectos de la crisis». EFE



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