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Los positivos por COVID-19 en las residencias alavesas de mayores están ya por debajo de los 300 (295), con la cifra más baja desde el 3 de abril y, por segundo día consecutivo con datos del 23 de abril, no se ha producido ninguna muerte por esta causa en estos centros.

En un comunicado, la Diputación ha explicado que las residencias atienden a 290 de los contagiados, mientras que 5 han sido derivados a hospitales por su grave estado de salud. Del total de casos positivos, 161 son usuarios de los centros privados, 132 viven en residencias forales, y las 2 restantes en equipamientos de municipios de menos de 20.000 habitantes.

Por segundo día consecutivo, no se han registrado nuevos fallecimientos que, desde el inicio de la crisis se elevan a 134 (72 residían en centros privados, 60 en residencias forales y las 2 en equipamientos de municipios de menos de 20.000 habitantes).

Asimismo, ha crecido el número de personas recuperadas, con un total de 114 residentes que han superado la enfermedad, dos más que en la actualización de ayer y el doble que hace cinco días.

Estos centros cuentan con cerca de 3.900 plazas repartidas en 96 equipamientos, entre residencias, viviendas comunitarias y apartamentos tutelados. En 3 de cada 4 centros residenciales no se registran casos de COVID-19.

También se han contabilizado más personas recuperadas en las residencias de discapacidad (2), con lo que hay 8 curadas. En estos centros hay 32 casos positivos y 2 hospitalizaciones.

Un juzgado requiere a una residencia de Vitoria EPIs para sus empleados

El Juzgado de la Social de Vitoria ha requerido a la empresa gestora de la residencia de personas mayores Ariznabarra de la ciudad, así como a la Diputación alavesa, que doten de equipos de protección frente al COVID-19 a los trabajadores de este centro y que se refuerce la plantilla.

En un comunicado, ELA ha explicado que esta resolución se recoge en un auto judicial en respuesta a una denuncia de este sindicato, que ha presentado hasta la fecha tres demandas de tutela de derecho a la salud, vida, e integridad física de las trabajadoras de las residencias de Euskadi.

Así, el juzgado ha estimado parcialmente las medidas cautelares solicitadas por la central y ha instado a la residencia Ariznavarra, gestionada por la empresa DomusVi , y a la Diputación, a que de manera «urgente» y mientras dure la pandemia provea a las empleadas de EPIs completos de protección respiratoria, mascarillas homologadas, guantes de caña larga, y ropa de protección homologada, conforme a los protocolos estipulados, y que se cumplan de manera integra las normas, ordenes, guías y protocolos vigentes.

Asimismo, pide que se refuerce la plantilla para que pueda haber personal específico para contagiados y para los ciudadanos normales.

El sindicato ha asegurado que en este centro han fallecido 10 usuarios, mientras que 40 mayores y 13 trabajadoras han dado positivo, así como que «la falta de material y la reutilización del desechable estaba siendo una constante al igual que la falta de personal».

Por ello, ELA ha exigido a la empresa y a la Diputación que recapaciten, asuman su responsabilidad y escuchen a las trabajadoras, a los sindicatos y a los familiares de los usuarios, al tiempo que ha abogado por la intervención integral de Osakidetza para que se dote de profesionales y de material a las residencias , se sustituya al personal de baja o cuarentena, y se les dé material que garantice la salud del colectivo. EFE


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