La Ley vasca de Transparencia que regula la información que deben hacer pública las administraciones, la participación ciudadana y la actividad de los grupos de presión -lobbies- en la acción pública, ha sido aprobada este jueves por el Parlamento Vasco sin el respaldo de la oposición.
La norma, que llegó a la Cámara como proyecto de ley del Gobierno Vasco, ha salido adelante con los votos mayoritarios del PNV y PSE, los dos socios del Ejecutivo. Todos los grupos de la oposición han votado en contra de la casi totalidad de los artículos.
Euskadi era la única comunidad que no tenía hasta ahora una Ley autonómica de Transparencia y se regía por la normativa estatal. El Gobierno Vasco ha intentado a lo largo de tres legislaturas, desde 2012, regular este ámbito pero todos los intentos (tres) han fracasado por distintas circunstancias. Con esta ley se blinda legislativamente todo lo relacionado con el «buen hacer» en el sector público.
La consejera de Gobernanza y Autogobierno, María Ubarretxena, ha expuesto al inicio del debate los ejes básicos de esta ley que, según ha destacado, fortalece la calidad democrática, refuerza la confianza en las instituciones y profundiza en la cultura de rendición de cuentas de las instituciones. También ha agradecido a los partidos, excepto a Vox, sus aportaciones, algunas de las cuales se han incluido en el texto final.
«No partimos de cero», ha señalado, porque aunque no había una ley propia, el Gobierno Vasco ha sido pionero en políticas de transparencia en los últimos años que ahora se refuerzan y ha resumido que la norma amplía el derecho de acceso a la información pública, protege a los ciudadanos que informan sobre infracciones y elimina «cualquier riesgo de represalia».
También, ha añadido, se ejerce un mayor control sobre las entidades privadas que reciben fondos de la administración o prestan servicios públicos, permite la entrada de la sociedad civil en el diseño, evaluación y ejecución de las políticas públicas, incluye una nueva figura para promover iniciativas ciudadanas reglamentarias y crea la Autoridad vasca de la Transparencia -Gardena- para proteger el derecho a la información o resolver reclamaciones.
Falta de ambición, dice la oposición
Desde EH Bildu, Lamia Arcas ha denunciado la actitud «inmutable» del PNV y PSE para negociar la mayoría de sus enmiendas y ha lamentado que no se haya incluido la posibilidad de que se pueda investigar de oficio el uso de información derivada de las funciones de un cargo público, que no haya un control efectivo de la ciudadanía sobre las políticas públicas o que no se creen más mecanismos de transparencia sobre los órganos de control de la administración. Se mantienen, ha dicho, las «estructuras de poder» que limitan la rendición de cuentas.
La parlamentaria del PP Ainhoa Domaica ha justificado el voto en contra de este partido porque PNV y PSE no han querido mejorar el fondo de la ley. A su juicio, no se garantiza la capacidad sancionadora de Gardena, que nace «coja», a los puestos de responsabilidad del Gobierno Vasco y las multas por infracciones son mucho más elevadas para las entidades privadas que para los altos cargos de la administración, que son «ridículas».
El representante de Sumar, Jon Hernández, ha rechazado la ley que ha tachado de poco ambiciosa porque, entre otras cuestiones, no recoge los mecanismos adecuados de control de la administración y de protección de los derechos de las personas que informen de irregularidades. Sin embargo, ha valorado que se haya alcanzado un acuerdo sobre la elección de la presidencia de Gardena que será elegida por una amplia mayoría del Parlamento en lugar de directamente por el Gobierno Vasco como estaba previsto en el proyecto de ley.
Vox se ha opuesto frontalmente desde el inicio del trámite parlamentario a esta ley e incluso no ha presentado enmiendas parciales. Su parlamentaria, Amaia Martínez, ha dicho que es un «paripé» de un Gobierno opaco y «sin crédito alguno».
La ley ha sido defendida por PNV y PSE. El parlamentario nacionalista Xabier Barandiaran ha remarcado que la norma abre una «ventana de oportunidad» importante para evaluar las políticas públicas, aumentar la cooperación ciudadana y proteger sus derechos. Profundiza en la democracia y refuerza la confianza entre instituciones y la sociedad, ha subrayado.
El socialista Pau Blasi ha destacado que con esta norma se busca recuperar la confianza de los ciudadanos con las instituciones, mejorar la toma de decisiones públicas y su evolución, contribuir a crear una nueva cultura política en la sociedad vasca en el ámbito de la transparencia y participación y ampliar las garantías de protección de los vascos que denuncien presuntas irregularidades administrativas. EFE
Mayor control sobre la administración y los ‘lobbies’, ejes de la Ley de Transparencia
La Ley vasca de Transparencia aprobada este jueves permitirá ejercer un mayor control sobre la gestión de los recursos públicos de las administraciones y de las colaboraciones con grupos de presión -lobbies- y reforzará la protección de los ciudadanos que informen sobre infracciones normativas y cuestiones relacionadas con la corrupción en el sector público.
La ley es de obligado cumplimiento en el sector público de la administración vasca, instituciones locales, las juntas generales de los tres territorios, el Ararteko, el Consejo de Relaciones Laborales, el Parlamento y en algunos aspectos en el sector privado, pero no en las diputaciones forales, que disponen de sus propias regulaciones.
Acceso a la información pública
Se garantiza el derecho de acceso de los individuos a la información pública de forma gratuita como regla general y regula la participación ciudadana en el diseño y la toma de las decisiones de interés público.
Los organismos públicos deberán hacer pública por propia iniciativa la información pública de relevancia que garantice la transparencia, por ejemplo las ayudas y subvenciones concedidas y los beneficiarios o las retribuciones de altos cargos y contratos.
También las entidades que prestan servicios públicos tendrán que proporcionar la información sobre su trabajo e incluir un buzón de quejas y sugerencias.
Todos los ciudadanos tendrán derecho a conocer los motivos por los que no se les facilita la información. Además respetarán unas obligaciones basadas en los principios de buena fe.
Gardena, la autoridad que garantiza el cumplimiento de la ley
Se crea la Autoridad Vasca de Transparencia -Gardena- como un órgano independiente que velará por garantizar que la administración pública cumple con las obligaciones en publicidad activa y derecho al acceso a la información. Tendrá capacidad para dictar resoluciones con medidas correctivas y para incoar procedimientos sancionadores o actuaciones disciplinarias.
Además, actuará como autoridad independiente de protección a informantes sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, con un ámbito de actuación que abarcará la totalidad de las administraciones, organismos y entidades del sector público y las privadas cuando su incumplimiento se circunscriba a Euskadi.
La ciudadanía podrá interponer ante este órgano una reclamación cuando le sea denegado el derecho a la información o esta no sea la deseada por el ciudadano.
Su presidencia será nombrada por el Parlamento Vasco por mayoría de tres quintas partes de sus miembros. En la redacción inicial del texto se determinaba que fuera nombrada por el Gobierno Vasco.
Transparencia de los ‘lobbies’
En otro de los apartados de la norma se regula la creación del registro de grupos de interés, también conocidos como ‘lobbies’, con el que se facilitará su identificación pública y se asegurará la transparencia y el control de la actividad que realizan ante el sector público de Euskadi.
Se consideran grupos de interés las personas y organizaciones que, con independencia de su forma o estatuto jurídico, realizan en interés de otras personas u organizaciones actividades que pueden influir directa o indirectamente en los procesos de elaboración de las políticas públicas o disposiciones normativas, en la aplicación de estas o en las tomas de decisiones de las administraciones y entidades del sector público.
Estos grupos tendrán que comprometerse a no influir en la toma de decisiones de forma deshonesta.
Sanciones de hasta 400.000 euros
Se establece un régimen sancionador por infracciones en materia de transparencia. Así, se fijan unas sanciones para incumplimientos de la ley imputables a altos cargos, con multas de hasta 12.000 euros o el cese en el cargo en el caso de infracciones muy graves.
Si los incumplimientos se dan por parte de entidades privadas y corporaciones de derecho público obligadas a suministrar información, las sanciones podrían llegar a los 400.000 euros, con la obligación, en algunos casos, de reintegro de las subvenciones recibidas o en su caso la resolución del contrato o concierto. EFE
