(EFE).- La patronal alavesa (SEA) ha mostrado su «preocupación» ante una posible modificación de la norma que regula el Impuesto de Sociedades y el de Actividades Económicas en el territorio y ha alertado de las «nefastas» consecuencias para la economía alavesa y el empleo que tendría elevar la presión fiscal.
El pleno de las Juntas de Álava ha aprobado hoy abrir el debate en torno a la proposición de los grupos de izquierda de la cámara foral (EH Bildu, Podemos e Irabazi) para modificar la norma que regula estos dos impuestos.
Las tres formaciones proponentes defienden bajar de dos a un millón de euros el límite para la exención del IAE y en cuanto al Impuesto de Sociedades quieren que pase a llamarse «Impuesto sobre el Beneficio de las Empresas», limitar el llamado «escudo fiscal» y establecer que las desgravaciones tengan como tope el 30 % de la base imponible.
La toma en consideración para abrir este debate ha contado con el apoyo del Partido Popular, que no defiende el fondo pero acepta que se debata, mientras que PSE y PNV se han opuesto al entender que en este tipo de regulación debe existir «armonización» entre las tres Haciendas forales.
En una nota de prensa, la patronal alavesa ha afirmado que la iniciativa que defienden los grupos proponentes «tiene como objetivo el incremento de dos impuestos cuya evolución es determinante para afrontar con garantías la consolidación económica de Álava».
Para SEA esta «controvertida» propuesta supone una «clara pérdida de competitividad» para las empresas del territorio, que quedarían en una «situación de inferioridad» con el resto del tejido empresarial vasco, estatal y europeo, y supondría la ruptura de la armonización fiscal.
La patronal recuerda que la medida afectaría a las pymes y micropymes y supondría un nuevo «varapalo fiscal», y añade que el «camino a seguir» es el de consolidar la industria y atraer nuevas inversiones, no el de «fomentar reformas que alimentarían un clima de incertidumbre, el principal enemigo del crecimiento económico».
SEA también destaca que la carga fiscal en Álava es superior a la del territorio común, con un tipo del 28 % frente al 25 % vigente en el resto del Estado.
Finalmente y ante el «alarmante escenario» que se plantea, la patronal alavesa pide a la clase política que «aparque sus intereses partidistas» para que éstos no afecten a la «consolidación del cambio de tendencia económica del territorio y la progresiva recuperación del empleo».