La última fase de implantación de la ley de eficiencia de la Justicia concluyó este miércoles, 31 de diciembre, con la entrada en funcionamiento de cien Tribunales de Instancia en España, de ellos cinco en Euskadi, los de Barakaldo, Bilbao, Donostia-San Sebastián, Eibar y Vitoria-Gasteiz.
El País Vasco ya contaba desde el 1 de julio con este nuevo sistema de organización en nueve partidos judiciales: Amurrio, Azpeitia, Balmaseda, Bergara, Durango, Gernika, Getxo, Irun y Tolosa.
De esta manera, concluye la transformación de la planta judicial, objetivo de la norma impulsada por el Ministerio de Justicia que buscaba integrar todos los juzgados unipersonales y de primera instancia en una única organización en cada partido judicial.
No obstante, habrá cierta flexibilidad, de tal manera que la entrada en funcionamiento de los equipos que lo requieran se realizará de forma progresiva en función de las necesidades organizativas y de cargas de trabajo.
Justicia recuerda que más de 300 tribunales de instancia ya funcionan desde julio sin incidencias destacables. Ahora se activan los últimos 100 en grandes partidos judiciales como Barcelona y Madrid y los cinco citados en Euskadi.
Donde ya ha entrado en funcionamiento, el ministerio ha podido evaluar sus primeros resultados.
Así, según Justicia, la norma ha logrado reducir los actos de comunicación pendientes (notificaciones, requerimientos…) un 36 % de media en las comunidades analizadas.
También ha demostrado su efectividad en la agilización de las ejecuciones de sentencias, con reducciones de las ejecutorias pendientes en un 30 % y de hasta un 69 % en el territorio andaluz, un 55 % en Castilla-La Mancha y un 27 % en Cataluña y la Comunidad Valenciana.
Además, los ciudadanos han realizado casi 114.000 trámites judiciales en las Oficinas de Justicia en el Municipio, desde su creación en el mes de junio. Antes no existía la posibilidad de llevar a cabo estas actuaciones telemáticamente desde cualquier municipio.
Los jueces decanos alertan de la falta de preparación para esta última fase
La implantación de esta tercera fase no ha estado exenta de polémica.
Los jueces decanos de Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, Alicante y Palma de Mallorca han alertado de las «carencias y falta de preparación» y solicitaron una moratoria en la implantación de esta tercera fase, que el Ministerio de Justicia estaba dispuesto a conceder si así lo pedían los consejeros regionales.
Desde el sector de la Abogacía, el presidente del Consejo General de la Abogacía, Salvador González, reconoció recientemente la incertidumbre y el impacto en la actividad diaria que genera la reforma.
Alguna asociación judicial ha transmitido que vigilará del funcionamiento del nuevo modelo en las grandes capitales, y la asociación Juezas y Jueces para la Democracia ha urgido al Consejo General del Poder Judicial a reformar los reglamentos para aclarar aspectos como la forma de llevar a cabo las guardias o el modo de distribuir el trabajo por unidades judiciales. EFE
