El Pleno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) ha acordado este viernes interponer un recurso de reposición ante la Protección Nacional Transitoria otorgada por el Gobierno vasco a la Denominación de Origen «Viñedos de Álava».

Lo ha anunciado el presidente del Consejo, Fernando Ezquerro, en un encuentro informativo al término del Pleno, que ha acordado continuar con las acciones legales a este proyecto, impulsado por la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA), que ha emitido el único voto en contra.

La también asociación de bodegas alavesas ARAEX y la organización agraria alavesa UAGA se han abstenido en la votación, ha precisado el presidente del Consejo Regulador.

Con la misma mayoría, el Pleno ha decidido que, en caso de que el Ejecutivo vasco desestime total o parcialmente el citado recurso administrativo, interpondrá un recurso contencioso-administrativo contra dicha resolución ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

En él se solicitará la acumulación a la causa abierta y pendiente de resolución, que ya se inició en noviembre de 2021.

Con esta decisión, las asociaciones de bodegas y viticultores que integran la DOCa renuevan su posición de rechazo hacia esta iniciativa, así como su compromiso de agotar todas las vías contra lo que consideran que es «un aprovechamiento ilícito del fondo de comercio de una enseña reconocida mundialmente y que pertenece a todo un sector», ha precisado Ezquerro.

Ha recordado que «la concesión de esta Protección Nacional Transitoria a una nueva Denominación de Origen tiene carácter provisional hasta que la Comisión Europea determine si da o no luz verde al expediente», en cuyo camino hasta Bruselas «se ha topado con un extenso dossier de alegaciones, un recurso de alzada y un recurso contencioso administrativo».

Por lo tanto, el Consejo considera «precipitado hablar de la materialización real de una nueva Denominación de Origen», ha dicho su presidente.

En nombre del Consejo, Ezquerro ha lamentado «el daño ya causado a la marca Rioja, que es patrimonio de 571 bodegas y 14.300 viticultores» de La Rioja, País Vasco y Navarra, que son las tres regiones que integran la DOCa Rioja.

«Encontrarse en medio del debate político y de algunas decisiones e indecisiones administrativas -ha proseguido- ha causado ya un gran perjuicio a la imagen de la DOCa, el cual podría verse agravado y resultar irreversible en función del devenir de iniciativas como la de Viñedos de Alava».

El Consejo Regulador considera «especialmente injusto e inconcebible que iniciativas que representan un porcentaje residual de la riqueza que genera la enseña Rioja en sus tres zonas y en el conjunto de municipios y comarcas puedan legar a adquirir este nivel de atención de forma artificial y desproporcionada».

En este sentido, el órgano rector del Rioja también aclara que la iniciativa de ABRA «no representa al conjunto de las 232 bodegas radicadas en Rioja Alavesa, sino a un porcentaje menor de las mismas», ha indicado el presidente.

En la sesión plenaria, los vocales han hecho la reflexión de que Rioja Alavesa cuenta desde 1998 con la posibilidad de diferenciar el origen específico de sus vinos, dentro del etiquetado de Rioja.

Además, recientemente se han habilitado figuras como los Vinos de Municipio o los Vinos de Viñedo Singular, dentro de la DOCa, que aportan aún más herramientas a las posibilidades de diferenciación para ésta y el resto de zonas que comprende esta Denominación de Origen Calificada, ha indicado.

Entre las valoraciones compartidas por los vocales del Pleno en la sesión de este viernes se ha puesto también de manifiesto que «estamos a tiempo de evitar un error histórico» y que «a quien más perjudica esta iniciativa es a los operadores de Rioja Alavesa», ha dicho.

También se ha puesto de manifiesto en la reunión la idea de que «crear una Denominación implica un amparo de carácter público y va más allá de voluntades individuales, máxime en casos como éste, en el que no se justifica una diferenciación que requiera una protección específica».

Ezquerro ha indicado que ha trasladado al representante del Gobierno vasco en la reunión plenaria que «la zona alavesa de la DOCa tiene escasos 12.000 habitantes y obtiene 500 millones de euros de los 1.500 que se generan en toda la Denominación.

Ello se traduce, ha indicado, en una renta per cápita de 40.000 euros por habitante, muy superior a la media del País Vasco y de España.

Según ha indicado el presidente del Consejo Regulador, el viceconsejero de Agricultura del Gobierno Vasco, Bittor Oroz, «ha intentado ser completamente aséptico»y ha explicado al Pleno que «el Gobierno Vasco se ha limitado a hacer un trámite que tenía que hacer».

«Él (Oroz) -ha agregado Ezquerro- ha intentado explicar en el Pleno que (la resolución del Gobierno vasco) tenía que ver mucho más con la asepsia administrativa que con sus ganas o deseos de facilitar las cosas y que, al final, estaban obligados a dar curso a este trámite administrativo». EFE.