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El Ararteko ha recomendado al Ayuntamiento de Vitoria que efectúe lo antes posible la valoración de la posible desprotección de un menor para que los servicios sociales puedan actuar, a pesar de la oposición de los padres de ese niño.

El Defensor del Pueblo vasco ha dado a conocer este martes una resolución remitida al consistorio de Vitoria tras la queja de una mujer que le expresó su desacuerdo ante la falta de actuación de los servicios sociales municipales de Vitoria respecto a su nieto de seis años, que a su juicio está en riesgo de desprotección.

La reclamante, abuela paterna del niño, expuso que los progenitores padecen adicción a sustancias estupefacientes y alcohol desde hace años, que la pareja vive en una situación de conflictividad, con un funcionamiento familiar muy desorganizado y falta de habilidades para la crianza, por lo que no estarían cuidando adecuadamente de su hijo.

Según su relato, ella lleva en contacto con los servicios sociales municipales desde 2019, pero estos no han llevado a cabo ninguna intervención.

Sin embargo el hermano de este niño sí fue objeto de intervención por riesgo de desprotección, hasta que quedó a cargo de su abuela materna.

Este hecho llevó a la abuela paterna aumentar su preocupación de que pudiera repetirse la situación de desprotección con su otro nieto si no se actuaba de manera preventiva.

La mujer expresó a las trabajadoras sociales y psicólogas de los servicios sociales su disposición a colaborar en lo posible para garantizar el bienestar del niño y explicó al Ararteko que en 2023 empezó a percibir «daño emocional» en su nieto, con quien mantiene una relación estrecha.

Ante la solicitud de información del Ararteko al Ayuntamiento, la respuesta del consistorio, «cinco meses después de haberla reclamado», consistió en un «brevísimo informe» en el que se señalaba que la intervención se inició en 2019, cuando el niño tenía 1 año, a solicitud de la abuela paterna, que en 2020 se inició un proceso de investigación y no se concluyó que hubiera un diagnóstico de situación de desprotección grave.

Según el Ayuntamiento, los progenitores del menor rechazan la intervención del servicio social de base, por lo que hacen un seguimiento «continuo e indirecto» del menor, pero no se está haciendo una intervención socioeducativa o psicosocial.

Ante esta situación el Ararteko opina que la falta de colaboración de los progenitores no puede suponer la paralización o demora injustificada en la valoración de la situación de desprotección de los niños.

El Defensor del Pueblo cree que el Ayuntamiento debe garantizar los derechos de ese niño y asegurar «la adecuada atención a sus necesidades por parte de su padre y su madre, promoviendo su colaboración y ofreciendo los recursos de apoyo familiares y personales que se estimen oportunos».

Por ello, recomienda al Ayuntamiento que haga «con la mayor brevedad posible la valoración de la situación de desprotección del niño, para que se puedan articular las medidas de protección y apoyos que, en su caso, correspondan al grado de desprotección detectado». EFE



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