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La empresa Bacalo Giraldo, de Legutiano (Álava), deberá incorporar a su plantilla a cuatro trabajadoras que «durante varios años» estuvieron subcontratadas a través de la compañía Datorrena.
En junio del año pasado el sindicado LAB denunció una posible «cesión ilegal de trabajadores» a la Inspección de Trabajo que, tras estudiar al caso, «pudo comprobar que la única diferencia con las personas que trabajan en la empresa Bacalao Giraldo eran las condiciones laborales, sensiblemente peores».
Por ello, Inspección de Trabajo ha hecho un requerimiento a Bacalao Giraldo, cuya plantilla está formada por 108 personas, para que reconozca como propias a estas cuatro trabajadoras. La dirección de la empresa ya ha comunicado al comité su intención de hacerlo en próximas fechas.
Hasta la fecha las condiciones laborales de estas cuatro mujeres venían determinadas por el convenio estatal de conservas, semi-conservas y salazones de pescado y marisco, pero ahora se les aplicarán los pactos de empresa vigentes en la empresa alavesa, lo que se traducirá en un incremento salarial del 40 %. EFE