(EFE).- Los grupos junteros de EH Bildu, Podemos e Irabazi de Álava han presentado hoy una proposición de norma foral para crear un nuevo Impuesto sobre la Riqueza y la Grandes Fortunas, que sustituiría al actual Impuesto de Patrimonio.
Estos tres partidos proponen que estén obligados a pagar el impuesto de grandes fortunas aquellas personas que superen los 600.000 euros de renta, mientras que queda exenta la vivienda habitual hasta un importe máximo de 300.000 euros.
Establecen además un criterio progresivo, con el que el tipo efectivo se incremente a medida que aumenta la fortuna, «no como ahora» y de manera que el tipo máximo quedaría en 2,50 % y el mínimo en 0,25 %.
La propuesta incluye además que se eliminen buena parte de las fórmulas que existen hasta ahora de bonificaciones y el actual «escudo fiscal» que limita la recaudación por muy ilimitada que sea la fortuna de un contribuyente, han explicado.
Para calcular el patrimonio se tendrían en cuenta los bienes inmuebles, las actividades económicas, los depósitos en cuentas corrientes o de ahorro, las acciones que cotizan en Bolsa, así como las participaciones en empresas que no coticen en función del último balance de cuentas aprobado.
Según datos de la recaudación fiscal del pasado año, existen 609 personas en Álava con un patrimonio superior al millón de euros, a las que hay que sumar otras 1.027 con patrimonio «suficiente» como para abonar el citado impuesto.
Con esta propuesta, las tres formaciones pretenden «profundizar» en el camino hacia «una fiscalidad más justa», tal y como ha explicado la juntera de la coalición soberanista, Nerea Martínez.
Por su parte, el procurador foral de Podemos, Javier Bizarro, ha hecho referencia al ejemplo de Gipuzkoa, donde este Impuesto sobre la Riqueza ha estado en vigor, y con el que se ha logrado recaudar 57 millones de euros en un año, cerca de 13 millones de euros más de lo previsto inicialmente, y ha afectado al 1,7 % de los contribuyentes de ese territorio.
Damián García, portavoz de Irabazi en las Juntas Generales de Álava, ha citado los datos «alarmantes» de recaudación de la Hacienda alavesa durante los últimos meses y ha opinado que será «imposible» cumplir con las previsiones de recaudación, cifradas en un incremento de un 5,5 % más que el pasado ejercicio.
En mi pueblo venció la justicia social
En mi pueblo la gente va a comer al bar “El Cid”. Alguno de ellos preferiría ir a comer a otro bar mejor, pero no tienen elección, ya que éste es el único bar del pueblo. Aquí sólo hay menú del día, cuyos costes totales estaban calculados, cuando todo empezó, en unos 100 € al día; esto es, 10€ por menú. Llegado un momento, se comenzó a discutir sobre la forma de pago. Eso de pagar cada uno lo suyo dejó de estar bien visto, porque había gente que no podía pagar los 10 euros. El alcalde propuso que todos juntos buscaran democráticamente una solución al tema. A todos les encantó la idea, y tras acaloradas discusiones, se proceció a la votación de las propuestas.
El resultado de la votación no fué en modo alguno sorprendente. Puesto que los que más dinero tenían sólo representaban una minoría, la mayoría decidió que era necesario sufragar los gastos del almuerzo de acuerdo con la renta respectiva de los huéspedes. Así se estableció la “primera ley del bar del pueblo”:
1. el huésped más rico debía pagar 50 €;
2. otro que ganaba también bastante debía participar con 20 €;
3. tres huéspedes, con menos posibilididades, debían pagar cada uno 10 €;
4. todos los demás huéspedes (5) tendrían la comida gratis, ya que su nivel de renta era muy bajo.
Evidentemente, y durante años, la mayoría del pueblo se sintió muy a gusto con este sistema. Las protestas ocasionales de quienes más pagaban fueron denunciadas como expresión de una conciencia social subdesarrollada. Una armada de periodistas, representantes de las iglesias y funcionarios se esforzaron por combatir tal patología social, empezando en las escuelas, como debe ser.
Con el paso del tiempo, aumentó el número de camareros, ya que resultó que quienes comían gratis exigían cada vez más y mejores servicios. Se observó que las necesidades de los comensales subvencionados eran ilimitadas, no así los medios financieros de quienes aportaban dinero. También se encontró una salida para este problema. Todos sabían que los más ricos habían ahorrado (qué indecentes!) dinero en los bancos. Decidieron solicitar créditos bancarios (en nombre del pueblo, claro), para compensar el presupuesto deficitario del bar. Los ricos, insensibles ante los problemas sociales, protestaron contra tales medidas. Denunciaron que no sólo mantenían el bar con su dinero, sino que encima ese dinero ( el suyo, el de sus hijos, el de los hijos de otros -que podrían llegar a ser ricos – y el de los los hijos de éstos) sería utilizado para pagar los intereses de los créditos tomados. Esta cuestión fue sometida de nuevo a la decisión de la mayoría. La mayoría se pronunció a favor de la comida grastis financiada, sin preguntarse en ningún momento cómo iban a pagarse las deudas. “Joder, pero si es lo justo!” decían los vecinos alborotados.
Pero pronto se proyectaron obscuras sombras sobre el idílico ir y venir de clientes en el bar “El Cid”. En los pueblos vecinos abrieron bares donde, se decía, los servicios eran mejor y más baratos y, como se hicieron carreteras, los ricos no dudaron en darse una vuelta por allí, a ver que tal era la comida. Resultó que en algunos sitios la cuota de los más adinerados para comer era de sólo 30 €, en algunos pueblos, incluso de sólo 20 €. Encima el servicio era, efectivamente, mejor.
Los camareros del bar “El Cid” reconocieron enseguida el peligro de la nueva competencia. Para impedir males mayores, el alcalde decidió reducir el precio de la comida común de 100 a 80 €, a pesar de la resistencia de una buena parte de los camareros. La diferencia entre los viejos y nuevos precios pensaba compensarla con créditos cuyo pago deberían financiarse con otros créditos. Todos se asombraron de tanta generosidad y virtuosidad financiera. Pero la alegría no sería duradera, ya que comenzó una polémica sobre la forma en cómo repercutiría la reducción de precios sobre los huéspedes.
Los capitalistas egoístas, que ya no tenían ganas de volver a discutir sobre el tema de quién pagaría los créditos(sabían que serían ellos), propusieron que una bajada de costes del 20% debería conducir a una reducción del 20% de sus contribuciones. Su propuesta fué, por lo tanto:
1. quienes hasta ahora pagaban 50 €, pagarían en adelante 40 €;
2. quienes hasta ahora pagaban 20 €, pagarían en adelante 16 €;
3. quienes hasta ahora pagaban10 €, pagarían en adelante 8 €;
4. los demás, como hasta ahora, 0 €.
Inmediatamente se organizó una gran revuelta social. Los reproches ante tal desequilibrio social se hicieron clamor, ya que la propuesta distribuye desigualmente la bajada de precios: los huéspedes más ricos obtienen un 50% de reducción, mientras que la mitad de los huéspedes salen con las manos vacías. Cómo es posible que uno obtenga 10 € de reducción, el otro 4 €, 3 huéspedes respectivamente 2 €, y 5 huéspedes nada? Injusticia social tremebunda!
Una ola de aversión dirigió sus iras contra el huésped que había pagado hasta ahora 50 € por los almuerzos. Con el corazón roto decidió tomar en el futuro su almuerzo en otro restaurante, en otro pueblo.
Aquí dejamos a los otros 9 huéspedes del bar “El Cid”. No sabemos cómo piensan compensar la marcha del odiado capitalista. Reducirán la cantidad de comida a la mitad y distribuirán de nuevo los costes? Pero no hay problema. Bajo la mano rectora del alcalde y sus camareros estamos seguros de que triunfará la justicia social. Aunque el precio sea pasar algo de hambre. El primer paso fué llegar a acuerdos con los pueblos vecinos para que los ricos o no pudiesen comer allí, o si lo hacían, pagasen lo mismo que en casa. A los pueblos que se negaban, les llamaros despectivamente paraísos gastronómicos, y entraron en una lista negra.
Ya saben, no hay problema grande si lo “solucionamos” juntos, porque juntos, podemos.