El protocolo que aplica la Ertzaintza ante el quebrantamiento de órdenes de alejamiento dictadas contra hombres acusados de violencia machista se ha endurecido en Álava a raíz del asesinato de Maialen Mazón, la mujer embarazada de gemelos, presuntamente a manos de su expareja, según fuentes policiales.
Este cambio no ha partido de la Fiscalía de Álava, según han asegurado a EFE fuentes de este órgano judicial, que han insistido en que no ha variado el protocolo para que se detenga a quienes infringen órdenes de alejamiento de la mujer, aunque la víctima lo consienta.
«Nosotros no hemos cambiado nada, recibimos las instrucciones desde nuestros superiores en Madrid y no somos nadie para cambiarlas», han subrayado fuentes de la Fiscalía alavesa.
Las instrucciones fueron renovadas desde Madrid en enero, e incluían la orden de detener a los infractores aunque la víctima consienta el quebrantamiento del alejamiento así como normas sobre cuándo poner pulseras a los infractores o cuándo pedir prisión.
Las mismas fuentes de la Fiscalía han insistido en que no han dado ninguna instrucción para que no se detenga a estos infractores en Álava, y la «prueba» de que no hay esa orden es que la Policía Local de Vitoria sí arresta a los que incumplen las órdenes de alejamiento.
Fuentes sindicales de la Ertzaintza han admitido que en Álava existía cierto «relajamiento» con estos casos. «Lo triste es que tengamos que esperar a que ocurra una muerte» para cambiar los protocolos, han denunciado.
De hecho, esta misma semana ha ingresado en prisión un hombre que venía quebrantado la orden de alejamiento de su expareja en Vitoria y cuya víctima consentía esa situación, han informado las mismas fuentes policiales, que reclaman más formación en la Ertzaintza para evaluar estos casos y que las unidades de agentes especializados en Violencia de Género no trabajen únicamente de lunes a viernes en horario de mañana.
El crimen de Maialen Mazón suscitó reacciones en ámbitos policiales y jurídicos que pusieron en cuestión la protección que se dio a la víctima dado que la Ertzaintza conocía la situación de Maialen y de su presunto asesino, Jaime Roca, que solían convivir, a pesar de que el hombre tenía al menos dos denuncias en Castellón y otra más en Torremolinos por violencia machista contra su mujer.
La Ertzaintza tuvo dos contactos con la víctima, una en enero y otra diez días antes de su asesinato y dijo a los agentes que no se sentía en peligro y que el quebrantamiento era «consentido», según desveló el consejero vasco de Seguridad, Josu Erkoreka, el pasado lunes.
Fuentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado consultadas por EFE dejan claro sin embargo que en toda España quebrantar una orden de alejamiento dictada por un juzgado es delito, por mucho que la víctima a la que se busca proteger consienta o facilite el acercamiento del agresor.
En los primeros años de aplicación de la Ley integral contra la violencia de género, aprobada en 2004, hubo criterios dispares en los tribunales, pero la sala segunda del Tribunal Supremo aprobó un acuerdo en 2008 en el que dejó claro que «el consentimiento de la mujer no excluye la punibilidad a efectos del artículo 468 del Código Penal».
Además, las Fuerzas de Seguridad del Estado tenían calificada a Maialen como mujer en alto riesgo.
También la Asociación Clara Campoamor, dedicada a la defender a las mujeres víctimas de violencia machista y que se ha personado como acusación popular en este caso, señaló a EFE que algo había «fallado» a la hora de evaluar el riesgo que sufría Maialen y dejó claro que incumplir una orden de alejamiento «es un delito, al margen de que ella consienta».
«Ella vino a Euskadi con una evaluación especial -que implica una situación de gravedad- y aquí no se adoptaron medidas» oportunas, afirmó a EFE el abogado de esta asociación, José Miguel Fernández.
