Miles de personas se han manifestado este jueves por las calles de Vitoria en recuerdo y homenaje a los cinco trabajadores que murieron por disparos de la policía el 3 de marzo de 1976.

Este jueves se han conmemorado 46 años de los hechos que tuvieron lugar en Vitoria. Miles de trabajadores de varias empresas de la ciudad que llevaban meses en huelga celebraron una asamblea en la iglesia de San Francisco que la Policía disolvió a tiros, lo que provocó la muerte de cinco de ellos: Pedro Martínez, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda. Además al menos un centenar de personas resultaron heridas.

La marcha, que estaba convocada por la Asociación de Víctimas del 3 de marzo y por los sindicatos ELA, LAB, ESK y Steilas, ha partido del lugar del barrio de Zaramaga donde tuvo lugar el asesinato de los trabajadores hace hoy 46 años.

A la cabeza se han colocado, como es tradicional todos los años, las fotografías de los cinco obreros muertos, por detrás lo manifestantes portaban una pancarta en la que se leía «Unamos luchas por el cambio social real» y tras ella se exhibían carteles de grandes dimensiones que formaban la palabra «Justizia».

Como novedad este año es que los actos celebrados durante toda la jornada han contado con el apoyo de diferentes plataformas integradas en Ceaqua, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, de la jueza María Servini.

El objetivo de este respaldo por parte de delegaciones de Pamplona, Sartaguda (Navarra), Cataluña, Madrid, Asturias y Valencia que tenían anunciado su presencia, es intentar hacer ver que lo ocurrido en Vitoria el 3 de marzo de 1976 no fue un hecho aislado en una época de «represión» por parte del Estado.

En la manifestación se han proferido gritos como «Policía asesina», «El pueblo no perdona» y «3 de marzo, nosotros no olvidamos».

Antes de su inicio se ha celebrado el habitual acto de homenaje a las víctimas en el monolito erigido junto a la iglesia en memoria de estos hechos, en el que miembros de la Asociación han leído un manifiesto en el que han afirmado que la memoria de lo ocurrido «sigue viva gracias al pueblo» de Vitoria que «no acepta el olvido ni la impunidad».

Han recalcado que sigue viva porque cada 3 de marzo y «también cada día, están muy presentes los sueños de libertad que representan y por los que fueron asesinados» sus familiares y compañeros.

Además, han reclamado a las administraciones que dejen de «intoxicar» sobre el proceso de creación del Espacio de la Memoria en el que esperan que se convierta la iglesia de San Francisco, en referencia a qué organismos e instituciones participarán y en qué condiciones.

Han concluido que no se concibe un memorial «sin la participación de las víctimas y de la sociedad civil», porque o participan o no tendrá futuro. EFE

El Parlamento Vasco ha pedido al Gobierno de España que despliegue los mecanismos necesarios para «investigar y esclarecer la responsabilidad política y penal» del exministro del Interior Rodolfo Martín Villa «en los crímenes de lesa humanidad cometidos en Vitoria el 3 de marzo de 1976».

El debate sobre la muerte de cinco obreros por disparos de la Policía, que causó además cientos de heridos, ha llegado al pleno de la Cámara autonómica de la mano de EH Bildu el mismo día en que se cumple el 46 aniversario de estos sucesos. Todos los grupos han tenido palabras de recuerdo y homenaje a las víctimas.

La iniciativa del grupo abertzale ha salido adelante con el apoyo de Elkarrekin Podemos-IU, mientras que el PNV se ha abstenido y PSE, CC+Cs y Vox han votado en contra.

La coalición morada había presentado una enmienda de adición (que instaba al Gobierno Vasco a personarse en causas judiciales de víctimas del franquismo) que no ha sido aprobada, ya que solo ha tenido el apoyo de EH Bildu y resto lo ha rechazado.

En la iniciativa aprobada, además de pedir el esclarecimiento de la responsabilidad de Martin Villa, se muestra la adhesión del Parlamento al auto para su procesamiento dictado por la jueza argentina María Servini, que fue revocado por otra instancia judicial al apreciar «falta de mérito» al no haber quedado acreditado que la intervención policial del 3 de marzo de 1976 constituyera un crimen de lesa humanidad.

Durante el debate, el parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga ha lamentado que la ley de amnistía ha funcionado en España «como una verdadera ley de punto y final» porque permitió «tapar responsabilidades penales, administrativas y políticas» de actuaciones cometidas durante la dictadura y la transición.

Esta ley y la prescripción de los delitos, ha añadido, hacen que la querella argentina sea «la única posibilidad para las víctimas del 3 de marzo», dado que Servini defiende que fueron crímenes de lesa humanidad, lo que permite que se juzguen por tribunales de cualquier país y hace que no prescriban nunca.

Jon Hernández (Ekarrekin Podemos-IU) ha coincidido también en que muchos hechos ocurridos en la transición se resolvieron con «juicios farsa» y que la «torticera interpretación» de la ley de amnistía se ha traducido en «la impunidad de los agentes y de los responsable políticos» de la masacre del 3 de marzo.

Sobras las palabras de Martín Villa admitiendo que pudo ser «responsable político y penal de aquellas muertes» pero negando la existencia de «un plan sistemático, deliberado y generalizado» de represión, Hernández ha considerado que fueron pronunciadas precisamente para evitar ser juzgado por crímenes de lesa humanidad.

El nacionalista Iñigo Iturrate ha recordado que desde el año 2000 el Parlamento ha condenado en ocho ocasiones los sucesos del 3 marzo y en otras tantas el golpe de estado de 1936 y la dictadura, y ha mostrado dos veces su adhesión a la querella argentina.

La iniciativa de EH Bildu «ni mejora ni modifica las aprobadas hasta ahora», por lo que el PNV ha decidido abstenerse, ha explicado Iturrate, quien ha afeado el «aire propagandístico» del texto de la coalición abertzale.

María Jesús San José (PSE) ha revindicado el compromiso de su partido con la memoria y la reparación de las víctima, pero cree que la iniciativa de EH Bildu no busca ninguna de las cosas y que además tiene una «dudosa credibilidad».

El popular Carmelo Barrio, que ha criticado al PNV por permitir con su abstención la aprobación el texto, ha considerado que EH Bildu «pretende convertir al Parlamento en un órgano de extensión judicial» cuando ya ha habido «pronunciamientos» de los tribunales sobre el 3 de marzo. La iniciativa, ha dicho, es «un ataque a la transición española».

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha denunciado «la obsesión de la izquierda de presionar al poder judicial cuando sus decisiones no les agradan» y ha recordado a Arzuaga que «los crímenes de ETA han sido también de lesa humanidad». EFE