10 años del adiós de ETA: de 595 presos a 185

Los itinerarios laborales personalizados que se implantarán a partir del 1 de enero y el impulso del tercer grado para que el 40 % de la población reclusa pueda cumplir sus penas en semilibertad son las principales claves del modelo vasco de prisiones que aspira a ser «más humano» y a convertirse en un referente.

Cuando han pasado dos meses de la asunción de la competencia, el Gobierno Vasco sigue trabajando para que el primer día de 2022 coja las riendas la agencia pública «Aukerak» (Oportunidades) que se encargará de gestionar una de las principales señas de identidad de este sistema, la preparación y la formación de los presos para la vida laboral una vez que salgan de la cárcel.

El juez que asesora al Ejecutivo autonómico para desarrollar esta nueva competencia, Jaime Tapia, pone el énfasis en la labor de esta entidad, que asume la misión de contratar en este momento a alrededor de 300 internos que trabajan tanto en talleres como en tareas internas en las cocinas o el economato.

Hasta aquí nada nuevo con respecto a la responsabilidad de la agencia estatal que se ocupa de esta labor en las comunidades en las que la competencia no está transferida, todas salvo el País Vasco y Cataluña.

El «plus» que Euskadi quiere aportar a este ámbito, según explica Tapia a Efe, es el desarrollo de una «orientación profesional personalizada» para cada recluso, paralela a los programas de tratamiento individualizado que ya se desarrollan con cada preso en función del delito cometido.

«Se trata de preguntar (al preso) que es lo que quiere ser, hacer un proyecto, orientar su formación hacia este objetivo y que además de que le sirva dentro del centro también le sea útil en semilibertad y cuando salga», destaca.

«Lo cualitativamente diferente» radica en que logren incluso una titulación de Formación Profesional en hasta 21 especialidades en ámbitos con «alta empleabilidad» como la limpieza, la cocina, el mantenimiento o tareas similares.

TERCER GRADO Y REINSERCIÓN

El impulso de la semilibertad está también entre las prioridades del modelo vasco, que incluso se marca como meta que el 40 % de los reclusos puedan cumplir sus penas en tercer grado, en especial los que tengan condenas inferiores a los cinco años, es decir las relacionadas con delitos menos graves.

Con estas actuaciones «fruto de la sensibilidad jurídica, social e institucional» vasca se busca potenciar el fin último de la reinserción y evitar en la medida de lo posible la reincidencia, señala Tapia, quien no obstante deja claro que eso «no significa que todo esto se vaya a hacer de hoy para mañana». «Esto es una maratón», sentencia.

Tapia asume que el Gobierno Vasco «no ha descubierto el Mediterráneo», pero estima que con el «margen de mejora» que existe sí es posible «hablar de un modelo penitenciario vasco, sin ninguna pretenciosidad». Confía en que «con el compromiso de todos habrá algo diferente, un poco mejor y más humano» y en que «en la siguiente legislatura las prisiones vascas se distingan de lo que pasa en Burgos, e incluso de lo que pasa en Cataluña».

Bromea con los «comentarios» que le llegan sobre un posible «efecto llamada» de presos de cárceles de otras autonomías que pidan el traslado a Euskadi porque vean «más oportunidades de trabajo y orientación socio-laboral más profunda».

«Lo primero es asegurar lo bueno que ya existe y a partir de ahí profundizar y que las cosas fluyan», recalca tras rechazar las pretensiones de asociaciones que trabajan con presos de acabar con las cárceles. «No se trata de una revolución y además no podemos levantar un modelo parecido al sueco o al noruego porque estamos condicionados por la legislación y por las infraestructuras», manifiesta.

PRESOS DE ETA

Tapia opina que el consenso que existe entre los partidos en Euskadi al apoyar esta competencia, todos menos PP+Cs y Vox, permite dotar de estabilidad a lo que ahora se inicia con independencia de las formaciones que dirijan el Gobierno Vasco, estabilidad que no ve posible en el resto del Estado porque «no es lo mismo que Gobierne el PSOE que lo haga el PP, la sensibilidad en política penitenciaria es distinta».

Precisamente el argumento utilizado por los populares y por Vox para desconfiar de esta nueva competencia es que pueda ser usada por las instituciones vascas para favorecer a los presos de ETA, alrededor de 70 del cerca de millar de internos que componen la población reclusa en los tres centros vascos.

En este sentido, Tapia reitera que «más allá de los condicionamientos legales», ya que la legislación y los juzgados que se encargan de este colectivo no son los mismos que para el resto de delitos, el Gobierno Vasco «les aplicará la legislación penitenciaria igual que al resto de presos».

«Unos nos van a acusar de una cosa y otros de la contraria, pero lo vamos a intentar hacer de manera igualitaria, aplicando el derecho de igualdad, pero la situación legal es la que es y la aplicación de la ley por parte de los jueces es la que es. No podemos hacer lo que nos de la gana ni en un sentido ni en otro», concluye. EFE

Asociaciones, con cautela pero esperanzadas ante transferencia de prisiones

Un significativo grupo de organizaciones del tercer sector que trabajan con los reclusos a diario ve de forma positiva, no exenta de ciertas cautelas, los primeros movimientos del Ejecutivo autonómico en este ámbito.

Fue el pasado 1 de octubre cuando el Gobierno de Iñigo Urkullu recibió esta largamente esperada transferencia para la que, con anterioridad, ya había diseñado un documento titulado: «Bases para la implantación del modelo penitenciario en Euskadi».

Este texto aboga, entre otras cuestiones, por favorecer la reinserción de los presos mediante la formación y el trabajo penitenciario orientado a una posterior inserción laboral, así como por priorizar «en la medida de lo posible» las condenas en régimen abierto con la intención de que se traduzcan en una menor reincidencia.

Sus directrices comienzan a aplicarse ya al millar de internos recluidos en las cárceles de Nanclares (Álava), Basauri (Bizkaia) y Martutene (Gipuzkoa), atendidos por 620 funcionarios y 50 operarios laborales.

Todos ellos ven respaldada a diario su labor con los reclusos por voluntarios y trabajadores del tercer sector que desempeñan sus funciones en oenegés y asociaciones de lucha contra la exclusión social, tanto en el ámbito asistencial como en el de las adicciones, a la vez que aportan formación, apoyo psicológico y espiritual, y acompañan a los internos en su itinerario hacia la reinserción.

CAPACIDAD DE DIÁLOGO

Manuel Garrido, uno de estros trabajadores, miembro de la Fundación Adsis que atiende a personas en riesgo y en grave situación de exclusión social, opina que, aunque «aún es un poco prematuro» para hacer un balance de la gestión del Gobierno Vasco en las cárceles, ya «se empiezan a notar ciertos cambios».

«En concreto la capacidad de diálogo que están teniendo con las entidades sociales, que es bastante cercano, abierto, sincero y muy de tú a tú», explica este trabajador, que detecta una «sintonía» bastante «positiva a nivel general», a través de la coordinación de la red Espetxe Sarea Euskadi-Nafarroa (ESEN) que engloba a distintas asociaciones que trabajan en este ámbito.

«Incluso estamos desarrollando un plan de reuniones a lo largo del año de una manera sistemática y organizada», detalla Garrido, quien confía en que estos encuentros «tengan un efecto positivo» y no se queden en un simple «intercambio de opiniones» porque, según confiesa, aún está todo «por desarrollar» y las «concreciones» no van a ser «inmediatas».

En la misma línea se pronuncia Raquel Ruiz de Cortazar, coordinadora del Área de Orientación de la asociación Erroak Sartu, una entidad dedicada a promover la incorporación socio laboral de personas en situaciones desfavorecidas, quien se hace eco del «interés» mostrado ya por parte del Gobierno Vasco «por escuchar el trabajo», las «aportaciones» e «ideas» de las entidades del tercer sector.

«También hay compromiso -aclara Ruiz de Cortazar- por establecer fórmulas de trabajo de coordinación con nosotros. Sobre todo, yo entiendo que para dar respuesta a las necesidades que se puedan generar ahora y también a las futuras».

«En definitiva -aclara-, lo estamos viviendo como una oportunidad. También para las personas presas y para la sociedad en general ya que al final se trata de eso».

José Larrañaga, coordinador de la asociación Arrats, que presta servicio a personas en situación de vulnerabilidad social, aspira a concretar alguna de las reclamaciones del sector, entre las que destaca la necesidad de establecer «un hilo de comunicación» directo con el Ejecutivo autonómico «como el que existe en Cataluña», donde se denomina «Taula de Participació Social».

Larrañaga opina que, de esta manera, se evitaría que el mensaje de las entidades que trabajan en el ámbito penitenciario quede «diluido» entre otras «mesas de lo social» que ya existen en el Gobierno Vasco para muchos otros ámbitos.

«Todavía es muy prematuro, aunque la música que suena y la actitud del equipo» del Gobierno Vasco «es dialogante y de buena comunicación», resume este trabajador, quien no oculta que el «problema» radica en que «a la hora de la verdad» todos los nuevos proyectos e iniciativas que se puedan adoptar deben traducirse en «presupuestos» y «dinero» por lo que es preciso «atarlo todo muy bien», advierte con «cautela».

SIN CAMBIOS REALES AÚN

Más crítica se muestra la asociación de «denuncia de las condiciones de vida en las cárceles», Salhaketa, cuya portavoz, Jaione Azpiazu, opina que desde que el Ejecutivo autonómico asumió las competencias penitenciarias «no está habiendo muchos cambios reales» en las prisiones pues, según comenta, ya se les advirtió de que iba a ser «un proceso largo» porque era «todo muy nuevo».

«A día de hoy, en diciembre, podemos decir que prácticamente no está pasando nada y que nosotros no notamos muchos cambios», sentencia Azpiazu, antes de recordar que «lo importante es poner el foco en la situación de los presos», donde «todo está igual».

«Desde el Gobierno Vasco se quiere plantear unas mejores cárceles, pero nosotros no queremos que haya cárceles mejores sino que no las haya», zanja la representante de Salhaketa.

Tampoco ha apreciado grandes cambios aún el representante de Sare Joseba Azkarraga, aunque el portavoz de esta red de apoyo a los presos de ETA cree que esto se debe a las pocas semanas que el Gobierno Vasco lleva «con la transferencia» en su poder.

«Habrá que ir viendo, aunque es pronto todavía», insiste esperanzado Azkarraga, quien confía en el que Ejecutivo autonómico termine por «llevar a la práctica», todo lo que «se ha venido diciendo hasta el momento de apostar por medios de régimen abierto y por una política penitenciaria sin privilegios, pero también sin exclusiones».

Advierte no obstante de que su plataforma estará «muy atenta» a cuestiones como que se rompa «el círculo infernal» que, a su entender, se ha venido produciendo hasta ahora, según el cual no podían acceder al tercer grado los presos que no habían tenido permisos penitenciarios, lo que «derivaba en la pescadilla que se muerde la cola» porque como «no les aprobaban estos permisos por lo tanto tampoco se les progresaba». EFE

Sindicatos ven necesario más personal para desarrollar modelo vasco prisiones

Los sindicatos Acaip-UGT y CCOO consideran necesario dotar de más personal a la «escasa» y envejecida plantilla de las prisiones vascas para desarrollar «el modelo penitenciario vasco» que quiere el Gobierno de Urkullu tras asumir Euskadi hace dos meses la competencia de gestión de las cárceles.

También defiende una mayor dotación de plantilla el sindicato ELA, defensor de un sistema propio de prisiones totalmente público, con un plan de euskaldunización y unas condiciones laborales que no sean discriminatorias respecto al resto de empleados del sector público vasco.

La apuesta por potenciar el cumplimiento de las penas en semilibertad o la creación de la Agencia Vasca de Reinserción para facilitar la inclusión socialaboral de los internos son algunas cuestiones que están en los planes del Gobierno Vasco.

En opinión del responsable de Acaip-UGT en Euskadi, Juan Carlos Díaz, «la parte principal para que esto funcione es dotar de unos medios adecuados a los centros. Si eso no lo tenemos, difícilmente se van a conseguir los objetivos que se va a marcar el Gobierno Vasco».

Días antes de materializarse la transferencia de la competencia el 1 de octubre, Acaip-UGT suscribió con el Gobierno Vasco un acuerdo -del que se descolgaron el resto de sindicatos-, mediante el cual se mantienen las condiciones laborales del personal de prisiones mientras se procede a negociar las cuestiones que precisa el modelo penitenciario en Euskadi.

Según ha insistido en declaraciones a Efe el representante de dicho sindicato en Euskadi, «lo más perentorio» es dar solución a la carencia de personal, que es «alarmante» en la prisión de Álava.

«Si no tenemos personal -ha dicho- difícilmente vamos a poder desarrollar nuestro trabajo» de manera adecuada en relación a los internos. «Trabajamos con personas, no en una factoría con máquinas», ha recordado.

En la actualidad, trabajan unos 600 empleados en las cárceles de Álava, Basauri (Bizkaia) y Martutene (Gipuzkoa), una cifra escasa, en opinión de los sindicatos, para atender al millar de internos allí acogidos.

Según ha explicado el representante del sindicato firmante del acuerdo, el documento contempla una bolsa de empleo para dotar de recursos humanos a los centros penitenciarios hasta que se pueda convocar una Oferta Pública de Empleo -OPE- en este ámbito.

Desde el sindicato CCOO, también se considera que lo principal para desarrollar el modelo penitenciario que quiere el Gobierno Vasco es aumentar la plantilla.

A juicio del responsable de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Euskadi, César Merino, «el modelo que pretende el Gobierno Vasco, donde apuesta mucho por la semilibertad, por la libertad vigilada para muchas de las penas que se imponen, conlleva un trabajo mayor para las personas y un mayor número de plantilla».

El responsable sindical ha explicado a Efe que CCOO no firmó el acuerdo citado porque «no aclaraba nada de la situación del personal que se transfería» y esto «quedaba abierto a una negociación de dos años para establecer las condiciones laborales», por lo que «no tenía mucho sentido».

Dos meses después de transferida la competencia, en las prisiones vascas se continúa trabajando con normalidad, sin cambios en el día a día del trabajo, según los sindicatos, en espera de iniciarse las negociaciones para determinar la estructura corporativa y la relación de puestos de trabajo en las prisiones vascas.

Crítico también con el acuerdo suscrito entre el Gobierno Vasco y Acaip-UGT es el sindicato ELA, que considera que su contenido da continuidad al modelo estatal de prisiones.

ELA defiende un sistema penitenciario propio en Euskadi, «más humano, centrado en la re-educación y en la reinserción», según su propuesta.

El sindicato nacionalista cree «necesario» que sus trabajadores tengan unas condiciones laborales que «no sean discriminatorias» respecto al resto de trabajadores del sector público vasco, pero que tengan en cuenta las especificidades propias del trabajo desarrollado.

La central pide, entre otras medidas, negociar una nueva valoración de puestos de trabajo, instaurar la jornada de 35 horas semanales y negociar un plan de euskera, así como que el servicio sea «en su totalidad público» y haya una incorporación de personal a través de una OPE.

Según ha señalado el responsable de ELA en prisiones, Josu Simal, la plantilla en el sector «no está bien dimensionada», por ejemplo, en el centro penitenciario de Álava, y es necesaria «más plantilla» para un adecuado servicio.

El sindicato, según ha indicado, no está de acuerdo con el contenido de las dos nóminas abonadas tras la transferencia de la competencia y está estudiando el asunto y las posibles medidas a adoptar «en cuanto a movilizaciones o contenciosos en los tribunales». EFE


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