(EFE).- La parte sindical ha acusado hoy en sede judicial a la dirección de Celsa Atlantic (antigua Laminaciones Arregui) de «tratar de enmascarar» con causas económicas el nuevo despido de trabajadores que «se enfrentaron» a la compañía en una huelga en 2012, que fueron despedidos y después readmitidos por sentencia judicial.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha acogido hoy la celebración del juicio por la demanda del comité de empresa contra el último ERE -Expediente de Regulación de Empleo- presentado por esta firma para despedir a 79 trabajadores de sus plantas alavesas de Vitoria y Urbina.
Durante la sesión, las partes han explicado que en el marco de dicho expediente, han salido ya de la empresa 18 empleados de forma voluntaria y otros 39 de manera forzosa e inmediata.
Otros 22 trabajadores saldrán a partir de septiembre de 2016, una vez concluya el expediente de suspensión que les afecta en la actualidad.
El abogado de la defensa ha sostenido que en el proceso ha habido por parte de la empresa una vulneración de derechos fundamentales ya que los trabajadores despedidos han sido «seleccionados» por la dirección y en su mayoría son afiliados al sindicato ELA.
Según ha defendido, la actividad de Celsa Atlantic vive una situación «de parada técnica» no por la situación del mercado, sino «por la situación de conflicto» que se vive en ella dada la actitud de la empresa, que ha llevado a los trabajadores a acudir a los juzgados «para todo».
El conflicto laboral en Celsa Atlantic, dedicada a la fabricación de tubos de acero y hasta el año pasado también de fleje, comenzó en mayo de 2012, cuando la dirección presentó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción para 352 trabajadores, anulado después por los tribunales.
Desde entonces, se han sucedido numerosas movilizaciones, huelgas y demandas judiciales de los trabajadores despedidos, así como la presentación de nuevos expedientes por parte de la empresa.
La empresa ha negado que el último ERE sea un «montaje para volver a despedir a trabajadores» readmitidos y lo ha enmarcado en un plan de viabilidad para sacar adelante a la compañía, que atraviesa una situación «de emergencia», con pérdidas acumuladas de unos 500 millones de euros desde 2009.
El abogado de la firma ha señalado que el ajuste de plantilla está motivado por el abandono de la producción de fleje, que generaba pérdidas, y ha afirmado que los criterios aplicados para seleccionar a los despedidos son «neutros».
Fuentes de la empresa han destacado, además, la coincidencia con el Ministerio Fiscal de que no existen en este caso «lesiones a los derechos fundamentales de libertad sindical y de tutela judicial efectiva», aunque han puntualizado que «habrá que esperar a la sentencia».
Durante el juicio, la parte empresarial también ha resaltado el intento «a toda costa» de la dirección de llegar a un acuerdo con la parte social, mientras que la postura sindical se ha mantenido en que «no habrá acuerdo», en la confianza de que los tribunales volverán a anular los despidos.
