El primer trimestre de 2023. Esa es la nueva previsión del Gobierno Vasco para que vea la luz el esperado Proyecto de Ley de Educación, la norma estrella de esta legislatura que acumula retrasos y descontentos, y cuya tramitación se producirá en un año con dos citas electorales que podrían demorar aún más su aprobación en el Parlamento.
La nueva ley sustituirá a la que lleva en vigor desde 1993 con el objetivo de dar respuesta a las necesidades del sistema de enseñanza vasca, marcado por la coexistencia con similares porcentajes de alumnado de una red pública y una concertada privada, formada sobre todo por centros de orientación católica e ikastolas.
Anunciada como una de las leyes más importantes de esta legislatura tras el intento fallido de ser aprobada en la anterior con la consejería liderada por Cristina Uriarte, en la que la pandemia y sus consecuencias centró la actividad política e institucional, la norma se encuentra aún en fase de borrador de anteproyecto.
La primera fecha para recibir luz verde por parte del Gobierno Vasco fue octubre de este año pero se retrasó hasta diciembre. Finalmente tampoco este mes el borrador se convertirá en proyecto legislativo, tal y como reconocía recientemente el portavoz del Ejecutivo autonómico, Bingen Zupiria, que fijaba un nuevo plazo: el primer trimestre de 2023.
Esta nueva demora sitúa la aprobación del proyecto de ley que guiará la educación vasca en los próximos años en un ejercicio en el que habrá dos elecciones: las municipales y las forales en mayo, y las generales a finales de 2023, lo que reduce las posibilidades para que el texto culmine su tramitación parlamentaria y se convierta en ley.
A los «parones» habituales de actividad en el Parlamento Vasco, donde los meses de enero, julio y agosto son inhábiles, se sumarán si se siguen los precedentes de comicios anteriores, los que coincidirán con las dos campañas electorales, lo que complica aún más la aprobación de una ley que concita incluso las reticencias de alguno de los firmantes del pacto político en el que se inspira.
Este pacto, que cuenta con el rechazo frontal de PP+Cs y Vox, fue suscrito en abril entre PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PSE-EE tras un proceso de escucha a distintos agentes implicados en ponencia parlamentaria. Desde que se firmó ha provocado varios encontronazos entre los grupos de la oposición que lo avalan y el Departamento de Educación.
El último de ellos ha tenido como origen la negociación presupuestaria y el ofrecimiento a PP+Cs de la concertación de las aulas de dos años en los colegios privados, considerado por la coalición morada como la «gota que ha colmado el vaso» de los «incumplimientos» del pacto por parte del Ejecutivo.
Las reticencias se mantienen y la situación no se ha reconducido para esta coalición, que reclama una reunión de la comisión de seguimiento del pacto, que parece que Educación no tiene intención de formalizar ya que según ha declarado recientemente el consejero, Jokin Bildarratz, el proyecto se está elaborando con «transparencia» y «lealtad» al acuerdo de abril.
Los «problemas» y los «malentendidos» sí que se han «reconducido» para EH Bildu, grupo que considera que el acuerdo educativo «va por buen camino y goza de buena salud», a pesar de que el borrador haya sido respondido con sendas huelgas convocadas por los sindicatos mayoritarios en la enseñanza pública.
ELA, LAB y Steilas tienen claro que el borrador no garantiza una red «única, pública, euskaldun y propia» y, al igual que la federación, que reúne a las familias de la pública, Ehige, ponen el acento en que perpetúa un sistema dual que consideran es la principal causa de la segregación por origen y situación socioeconómica, lo que provoca que la mayoría del alumnado de origen extranjero esté matriculado en los centros públicos.
Precisamente, junto con la ratificación del sistema como plurilingüe y articulado en torno al euskera, el borrador elimina las cuotas que se pagan en los centros concertados para lograr la gratuidad real y arbitra distintos mecanismos para evitar la concentración del alumnado más vulnerable en los colegios financiados íntegramente con fondos públicos.
La concreción de todas estas novedades tendrá que esperar al menos al primer trimestre de 2023, cuando a pesar de las diferencias entre los propios firmantes del pacto educativo, el rechazo de los agentes de la red pública, y de dos jornadas de huelga, el consejero espera lograr un texto que «sea de todos y para todos». EFE
