La Diputación De Álava implantará este año el teletrabajo como modalidad «voluntaria» y «estable» para sus trabajadores, con el objetivo de fomentar la conciliación de la vida familiar y laboral, así como de facilitar «la integración» de las personas con movilidad reducida y determinadas enfermedades.

La diputada del Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral, Cristina González, ha explicado que el teletrabajo pretende ampliar la conciliación de los funcionarios «con menores o mayores a su cargo» y la de los que tienen su residencia «a una distancia considerable» de su puesto de trabajo.

El director de Función Pública, Adolfo Lander, ha informado de que un decreto foral será el que regule el teletrabajo para empleados «con una antigüedad mínima de un año» y que posean en su domicilio internet y cuenten con suficientes conocimientos.

Quedan excluidos los puestos de atención ciudadana, oficinas de registro, obra, secretaría y los que gestionan datos especialmente sensibles. El decreto contempla con carácter excepcional autorizar el teletrabajo cuando «concurra fuerza mayor» por episodios ambientales de contaminación, crisis sanitarias y situaciones de emergencia.

«El funcionario mantendrá el contacto con su puesto y compañeros», además de reconocerle el derecho a la desconexión digital, el respeto al tiempo de descanso y a la intimidad, así como a no contestar mensajes o llamadas fuera del horario laboral.

El trabajador foral que se acoja al teletrabajo dispondrá de una jornada semanal de tres días de trabajo no presencial y dos días de oficina para realizar reuniones de coordinación y proyecto comunes.

Una modalidad que la Diputación pretende afianzar de cara a aumentar «los 100 empleados» actuales que están ejerciendo el teletrabajo de los 1.000 que trabajan en la administración foral, a través de convocatorias públicas periódicas que arrancarán tras el verano al inicio del otoño.

El decreto foral priorizará una serie de criterios como discapacidades permanentes y temporales, problemas de movilidad, ser víctima de violencia de género, tener a su cargo menores de 14 años o familiares dependientes, así como la distancia entre la residencia habitual y el puesto de trabajo de cara a la realización de las solicitudes.

A los seleccionados se les formará en prevención de riesgos laborales, ciberseguridad, protección de datos, aplicaciones informáticas y se les proporcionará los equipos informáticos necesarios para el desempeño de su trabajo.


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