Gobierno Vasco Vitoria-Gasteiz

Un total de 2.632 docentes jubilados de Euskadi, a los que la justicia ha reconocido su derecho a cobrar las primas por retiro anticipado, calculan que el Gobierno Vasco les adeuda por este concepto unos 160 millones de euros, y están dispuestos a negociar el cobro para no perjudicar a las arcas públicas.

En una reciente sentencia, el Juzgado número uno de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria ha reconocido el derecho de los profesores jubilados de la enseñanza pública a percibir el pago de la prima por jubilación anticipada, que fue declarado en suspenso por el Gobierno Vasco en la ley de presupuestos de 2012.

En una rueda de prensa celebrada este lunes en Bilbao, directivos de la Asociación de Docentes Jubilados del País Vasco, Adostuz, acompañados por representantes de los sindicatos que han apoyado sus reclamaciones (ELA, LAB, Steilas, UGT y CCOO), han expresado su «alegría y satisfacción» por una sentencia que reconoce su derecho al cobro de las primas tras una «larga» lucha de diez años.

Tras explicar que el fallo judicial afecta a 2.632 docentes -de los 3.005 socios actuales de Adostuz- los representantes de la asociación han indicado que, aunque es difícil de calcular el monto que puede suponer para el Gobierno Vasco el pago de estas primas pendientes, estiman que podrían rondar los 160 millones de euros.

La cifra pendiente de cobrar por cada profesor varía mucho, en función de los años que se haya anticipado la jubilación o si se trata de docentes de Primaria o Secundaria. Una cantidad mínima por cada profesor podría rondar los 30.000 euros, han concretado.

Han considerado que los 160 millones de euros «no suponen un problema» para el Gobierno Vasco, y han ofrecido a la Administración «negociar el cobro para que no suponga un problema para las arcas» del Ejecutivo.

Contra la sentencia favorable a los docentes cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Para Adostuz, el Gobierno Vasco «no debería recurrir el fallo» del juzgado de lo contencioso-administrativo porque ello supondría «insistir en una conducta contraria a la Constitución».

Los directivos de la asociación de docentes, encabezados por su presidenta, Luisa Calvo, han subrayado que, en todo caso, si hay recurso y resulta contrario a sus tesis, acudirán «a Europa y al Tribunal Constitucional» en defensa de sus reclamaciones.

Han explicado que, tras la sentencia, aún no se han puesto en contacto con el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, pero sí han estado con el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, quien, según han dicho, les ha comunicado que va a hablar con sus socios del PNV en el Ejecutivo de Vitoria para plantearle que «no recurra» el fallo judicial.

Además de los 2.632 docentes a los que afecta esta sentencia, hay otro grupo de 394 asociados a Adostuz que han iniciado ahora los trámites para acudir al contencioso. La agrupación de profesores espera una resolución judicial «similar».

Los docentes son «optimistas» ante el posible cobro de las indemnizaciones pendientes, aunque también han dicho que son «realistas».

Adostuz ha destacado que la sentencia señala que la actuación del Gobierno y el Parlamento vascos vulneró un derecho constitucional, al entender que la Ley de Presupuestos «no puede extinguir o suprimir la prima porque las leyes de presupuestos no pueden vehicular un cambio normativo que entrañe una suspensión o el cese o acabamiento del todo de un derecho reconocido en una ley».

La resolución judicial señala que la jubilación anticipada tiene ventajas para el interesado y «también para el Estado», dado que se renuevan las plantillas, se rejuvenece la función pública, se reduce el desempleo y se ahorra en prestaciones de desempleo.

«Como el Estado proporcionalmente obtiene más beneficios que perjuicios, se convierte en una exigencia de reciprocidad que asuma la carga de compensar esa minoración», añade la sentencia.

El fallo puntualiza que la medida del Gobierno Vasco «suspendió» el pago de primas por jubilación anticipada pero «no derogaba la fuente de reconocimiento», y señala que si en el futuro se «suprime» ese derecho, ello «nunca podrá afectar a los funcionarios que ya se hubieran jubilado reuniendo todos los requisitos». EFE



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