El Parlamento Vasco ha emplazado al Gobierno autonómico y a los ayuntamientos a que se coordinen a través de la Ertzaintza y de las policías locales para reforzar los procedimientos de prevención de actos delictivos en el ocio nocturno.
También la Cámara ha pedido al Ejecutivo vasco que estudie la normativa vigente que regula los servicios de admisión y seguridad privada en los locales nocturnos y que en su caso la modifique «ante indicios de comportamientos violentos» por parte del personal.
Así se concreta en una enmienda que han firmado PNV, EH Bildu, PSE-EE y Sumar a una iniciativa original de la coalición soberanista que se ha debatido este jueves en el pleno de control del Parlamento Vasco. PP y Vox se han abstenido.
En el debate parlamentario ha estado presente la muerte en la madrugada del pasado 23 de febrero de un hombre de 31 años a la entrada de la discoteca Mítika de Vitoria. La Ertzaintza detuvo a uno de los porteros del local, que se encuentra en prisión preventiva, por presuntamente golpearlo y provocar su caída.
Los familiares aseguran que la autopsia confirmó que el joven murió como consecuencia del golpe que, según afirman, le propinó el portero.
Los padres del fallecido han pedido a los grupos del Parlamento Vasco una revisión de la normativa de aplicación al personal de admisión y control de locales como las discotecas y han denunciado que su hijo, Kerman, fue «asesinado por un controlador de acceso en un establecimiento cuya seguridad recaía bajo la responsabilidad municipal».
Consideran que esta muerte «no fue un accidente», ya que, según afirman, se conocía que los porteros de la discoteca «mostraban un patrón de violencia gratuita e indiscriminada, dentro de una dinámica instalada y tolerada».
En la enmienda aprobada el Parlamento también pide al Gobierno Vasco que continúe con la elaboración e implementación de un plan de acción de las Unidades de Juego y Espectáculos, Seguridad Privada y Protección Ciudadana de la Ertzaintza para garantizar el cumplimiento normativo.
Insta asimismo al Ejecutivo a incluir, tanto en la formación como en la evaluación del personal de admisión, contenidos referentes al respeto de los derechos fundamentales, con el fin de prevenir violencias machistas, LGTBlfobia, racismo, y cualquier otra discriminación por condición o circunstancia personal o social.
Todos los parlamentarios que han intervenido en este debate han expresado su apoyo a la familia de Kerman, excepto la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, que no ha hecho uso de la palabra en este punto del pleno.
Jon Atutxa (PNV) ha destacado que este acuerdo parlamentario sienta las bases para que no vuelvan a producirse casos similares y ha dicho que «va a mejorar la situación en un futuro». Ha precisado que la ley actual es buena pero ha matizado que si puede haber mejoras hay que llevarlas a cabo.
Gorka Ortiz de Guinea (EH Bildu) ha defendido que se endurezcan la normativa y los protocolos porque no se puede repetir que porteros con actitudes «violentas» puedan seguir trabajando y ha reclamado una mejora de la coordinación de las instituciones y aclarar las obligaciones de estas.
Miren Gallástegui (PSE) ha recordado que a estos trabajadores ya se les exige una habilitación oficial otorgada por el Gobierno Vasco para la cual deben superar exámenes teóricos, prácticos y psicotécnicos y si se superan tienen que inscribirse en un registro. No se puede decir, ha dicho, que la normativa no sea suficiente «pero lo cierto es que todo es susceptible de análisis y mejora».
Ainhoa Domaica (PP) ha opinado que la enmienda se queda corta porque no se habla de las funciones del Consejo Vasco de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas regulado ya por la legislación autonómica, entre cuyas atribuciones está precisamente estudiar la modificación de la normativa y reforzar la coordinación institucional. Este órgano, ha recordado, está compuesto por el Gobierno Vasco, Eudel, representantes del sector del ocio y asociaciones de consumidores.
Jon Hernández (Sumar) ha criticado que en la formación para la habilitación del personal de admisión no se incluyan contenidos de igualdad de trato y en contra de discriminaciones. EFE
La indiferencia de quienes gobiernan, han tenido el resultado de una persona muerta y muchas personas de su entorno con sus vidas destrozadas.
Si el ayuntamiento hubiera actuado como debería hacerlo, como han dicho los padres, esa muerte se podría haber evitado.
Nadie dimite, nadie asume responsabilidades. ¿Hasta cuando?
El ayuntamiento tiene su parte pero el tema seguridad y accesos es GV.
Y luego está el tema de que si a un mono le das una pistola , qué puede salir mal?
En éste caso no es un arma ,pero ……
Si a un funcionario que tiene que estudiar y aprobar las oposiciones para acceder a un puesto de trabajo, se le exigen responsabilidades por una falta en el desempeño de su trabajo, ¿por qué a otro funcionario-a, que ha llegado a un puesto de mayor responsabilidad, (mucho mejor retribuido), con la única condición de tener amigos que lo-la presenten en unas listas, no se le exigen, más cuando está por medio la muerte de una persona? Aún queda en nuestras cabezas la idea de hace sesenta años, cuando a cualquier cargo público lo creíamos superior e intocable (por no quedarnos otra opción). De ello se aprovechan.