El Parlamento Vasco se ha opuesto a que el Gobierno autonómico intensifique las medidas para evitar fraudes en las viviendas de públicas de alquiler como pedía el PP ya que, según han asegurado partidos como PNV, EH Bildu y PSE, el sistema actual funciona, los casos son marginales y las irregularidades solo suponen el 0,5 % de las inspecciones que se realizan.
El pleno de la Cámara ha debatido este jueves una proposición no de ley del PP en la que pedía al Gobierno Vasco aumentar el número de inspecciones en los pisos sociales de alquiler que gestiona Alokabide, poner en marcha un buzón contra el fraude de carácter gratuito para posibilitar denuncias de todos los ciudadanos e incrementar los importes de las sanciones por irregularidades.
El resto de los grupos ha rechazado esta iniciativa, excepto la única parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, que la ha respaldado.
En su lugar se ha aprobado una enmienda conjunta del PNV y PSE, con la abstención de los demás grupos, en la que se ha pedido al Gobierno Vasco que continúe con su labor inspectora, que realice las acciones informativas necesarias para extender la cultura de la vivienda protegida y que mantenga actualizados los importes de las sanciones previstas en la legislación vigente.
La parlamentaria del PP Ana Morales ha denunciado que el número de irregularidades en estas viviendas tras las inspecciones realizadas «se ha multiplicado por tres» en 2024 y por contra descendieron las sanciones impuestas.
Ha hablado de casas adjudicadas que no se ocupan, que se alquilan «fraudulantemente» o que registran «empadronamientos falsos».
El representante del PSE Adrián Fernández ha rebatido estos datos. Ha dicho que de en 2024 el 90 % de los expedientes abiertos por posibles inacciones se cerraron y de los que siguieron adelante en la mayoría no se acreditó irregularidades por lo que el fraude en realidad solo fue del 0,5 %.
Tanto Fernández como el parlamentario del PNV Jonatan Moreno han dejado claro que el sistema actual de inspecciones y sanciones funciona y que los casos de fraude son residuales.
Xabier Astigarraga (EH Bildu) ha señalado que es «indudable» que el fraude existe pero ha remarcado que los casos son «muy marginales» y la mayoría de ellos «no son graves». Ha considerado que el sistema de inspecciones está funcionando.
También el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha compartido esta postura y en una enmienda que ha defendido y que ha sido rechazada, ha pedido al Gobierno Vasco que destine el 100 % de los recursos disponibles en materia de vivienda a la promoción de viviendas públicas en régimen de alquiler, exceptuando los destinados a rehabilitación.
Amaia Martínez (Vox) ha opinado que el Gobierno Vasco es «permisivo» con el fraude. EFE
