La Audiencia Provincial de Álava ha suspendido la ejecución de la pena de cárcel a cinco condenados en el «caso de Miguel», la mayor trama de corrupción descubierta en Euskadi, porque las penas son inferiores a dos años, carecen de antecedentes y han abonado la responsabilidad civil.
Así lo ha decidido al Audiencia alavesa en sendos autos relativos a Ainhoa Bilbao, la mujer del cabecilla de la red corrupta Alfredo de Miguel; a Iratxe Gaztelu-Urrutia, esposa de otro de los responsables, Koldo Otxandiano; Iñaki Echaburu, Josu Arruti y Sergio Fernández.
Quedan pendientes de emitir los autos relativos a los otros siete condenados, aunque no todos tienen penas de cárcel.
Por el momento el único que ha entrado en prisión ha sido el exdirector de Juventud del Gobierno Vasco Javier Sánchez Robles, que pasará en la cárcel alavesa de Zaballa 7 años y 1 mes.
En el auto sobre Ainhoa Bilbao la Audiencia valora que la pena es inferior a 2 años (en concreto 1 año y 6 meses), que no tiene antecedentes penales y que ha satisfecho la responsabilidad civil. También pondera que es madre de dos menores de edad y que su esposo está condenado en la misma causa.
La Audiencia utiliza los mimos argumentos para decidir que tampoco entre en prisión Iratxe Gaztelu-Urrutia, condenada a la misma pena, 1 año y 6 meses. En el caso de ambas mujeres la Fiscalía había solicitado su ingreso en un centro penitenciario y se había opuesto a la suspensión de la pena, pero el tribunal no ha atendido estas peticiones.
En cambio, el Ministerio Fiscal no se ha opuesto a la suspensión de la entrada en prisión de Sergio Fernández, condenado al igual que las dos mujeres a 1 año y 6 meses; de Josu Arruti (9 meses) ni de Iñaki Echaburu (5 meses).
De esta manera el tribunal decide que estos cinco condenados no entren a prisión siempre y cuando no vuelvan a delinquir en el plazo de 2 años en el caso de Arruti y Echaburu -que tienen las menores penas- y de 3 años en el caso de Bilbao, Gaztelu-Urrutia y Fernández.
Entre los autos que todavía debe dictar la Audiencia Provincial de Álava están los relativos a los principales responsables de la trama corrupta.
Así, el tribunal aún debe pronunciarse sobre el ingreso en prisión de De Miguel, ex número 2 del PNV en Álava y exdiputado foral, condenado a 12 años y 4 meses (aunque con un máximo de tiempo efectivo en prisión de 9 años); el también exdirigente de este partido Aitor Tellería (5 años) y su compañero de partido Koldo Otxandiano (7 años y 6 meses).
De Miguel ha presentado una petición de indulto y los tres han alegado enfermedad para evitar la cárcel. Esto obliga a efectuar el correspondiente examen forense médico, lo que demorará la decisión de la Audiencia y su posible ingreso en prisión. EFE
La suspensión de ejecución de la pena de cárcel a esos cinco condenados en el “Caso De Miguel” es ajustada a derecho. Bastante vergüenza, si la tienen, van a pasar el resto de sus vidas soportando que cualquiera pueda señalarles con el dedo por su delito.
Los tres que aún quedan pendientes de si entran en prisión o no, pues a no dormir tranquilos hasta que decida la Audiencia Provincial. Se lo merecen.
Ahora bien, los otros tres, sería escandaloso que no los metieran al trullo haciendo valer los motivos alegados, indulto y enfermedad. Cuando cometieron los delitos por los que han sido condenados, como en este país se ve lo que se ve y cosas más difíciles vemos cada día, tal vez creyendo que esto es Jauja, pues ¡Viva la Pepa, que aquí no pasa nada! Pues sí, pasa y al que le pillan, de cabeza y cuanto antes al patín. Veremos si es verdad.
Ligera condena, como era de esperar con ex cargos públicos.
Sería interesante algún periodista siguiera su desarrollo laboral, a ver que misteriosos designios siguen…no se si me explico
Es increible los empresarios, que han sacado tajada también, y no sabemos durante cuanto tiempo, porque habrá muchos contratos que no se hayan incluido en la causa, se van casi de rositas. Con castigar a algún político-pardillo de vez en cuando solucionado.
Igual de culpables o más que los que se dejan sobornar, son los que sobornan. La justicia no debe cerrar el caso así dejando a una de las partes del delito en su casa. La justicia parece que no funciona.