300 bodegas familiares critican a los grandes grupos

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IMQ – Nov 18
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EFE).- Trescientas bodegas familiares de Rioja han criticado la ampliación de las cuotas que deben pagar hasta 2024 a la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) porque esta atiende “a los intereses de los grandes grupos bodegueros” y promueve el vino “genérico” y no el “vinculado al origen y al territorio”.


En un comunicado conjunto las Bodegas Familiares de Rioja, las alavesas de ABRA y las Centenarias y Tradicionales de Rioja -que agrupan a 300 pequeñas bodegas- han reclamado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que rechace la propuesta de la OIVE de extender estas cuotas hasta 2024.

Estas tres asociaciones han cuestionado la “doble imposición” que soportan al participar en la Organización Interprofesional del Vino de Rioja (OIPVR) y tener también que pagar cuotas mensuales a la OIVE “cuando, además, sus intereses estratégicos son contradictorios”.

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Han explicado en este sentido que “la promoción genérica del vino, e incluso de las sangrías y derivados (como hace OIVE), va en contra de la filosofía de promoción de la propia OIPVR, con estrategias ligadas al desarrollo territorial”.

“Son precisamente las estrategias comerciales de consumo genérico, sin arraigo territorial alguno, las que provocan un grave problema a las bodegas de Rioja porque contribuyen a bajar los precios del vino y, por tanto de la uva, y nos hacen ser menos competitivos”, han denunciado.

La OIVE fue creada por una orden ministerial en el año 2014 “por decisión de las grandes asociaciones del sector comercial y productor español (Federación Española del Vino, Cooperativas Agroalimentarias y las organizaciones agrarias Asaja, UPA y COAG)” para principalmente llevar a cabo acciones de promoción del consumo de vino.

Las actuaciones de la OIVE son financiadas mediante cuotas mensuales “por todos los operadores de la rama comercial del país”, lo que afecta a las pequeñas bodegas de Rioja que consideran que este organismo incluso “perjudica” sus intereses.

Han reclamado por ello que se elimine la extensión del pago de cuotas hasta 2024 (en un principio iban a dejarse de abonar en julio del año que viene) y han exigido “un cambio de la estrategia política, que apoye más a la pequeña y mediana bodega, a la calidad y al origen de los vinos, que a los grandes grupos empresariales y a los grandes productores de vino”. EFE

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