Piden cárcel para el exdirector del yacimiento Iruña-Veleia

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(EFE).- La Fiscalía de Álava ha pedido cinco años y medio de cárcel para el exdirector del yacimiento arqueológico alavés de Iruña-Veleia, Eliseo Gil, por delitos sobre el patrimonio histórico y estafa.

La Diputación alavesa, que también ejerce la acusación en este caso, eleva la pena contra Eliseo Gil a siete años y medio de prisión por sendos delitos continuados de daños y estafa.

El pasado mes de enero, la Audiencia de Álava confirmó la existencia de indicios suficientes para juzgar a Gil y a dos personas más por la presunta falsificación de grafitos considerados históricos.

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Los hallazgos que se cuestionan, localizados entre 2005 y 2006 bajo la gestión de la empresa Lurmen, de la que era administrador Gil, son unos grafitos escritos en cerámicas de los siglos III, IV y V que, cuando se presentaron en público, en junio de 2006, fueron calificados de históricos porque, entre otras cosas, adelantaban al siglo III la aparición del euskera y la entrada del Cristianismo. Sin embargo, supuestamente fueron hechos por los acusados.

Ahora la Fiscalía ha pedido la apertura de juicio oral y ha presentado su escrito de acusación en el que solicita para Gil un total de cinco años y medio de cárcel por un delito continuado sobre el patrimonio histórico y otro de estafa en concurso con un delito de falsedad en documento privado, así como una multa de 7.200 euros.

La misma pena de cárcel y multa solicita para un segundo acusado, trabajador de Lurmen. Además pide que ambos sean inhabilitados para ejercer cualquier tipo de trabajo en yacimientos arqueológicos y para solicitar subvenciones o ayudas públicas en relación con esta ciencia durante el tiempo de la condena.

Para el tercer imputado, un colaborador de Gil, la Fiscalía solicita dos años y seis meses de cárcel por un delito continuado de estafa en concurso con otro de falsedad en documento privado, así como que se le inhabilite para solicitar cualquier subvención o ayuda pública relacionada con la arqueología durante el tiempo de la condena.

El Ministerio Público reclama también que Gil y su trabajador indemnicen de forma conjunta y solidaria al Gobierno Vasco con 285.600 euros por los daños causados en el patrimonio cultural y que los tres acusados abonen a partes iguales a la Diputación de Álava, propietaria del yacimiento, 12.490 euros en concepto de responsabilidad civil.

En su escrito, el fiscal recuerda que Gil dirigía las excavaciones arqueológicas en el yacimiento de Iruña-Veleia, en Iruña de Oca (Álava), entre 1994 y 2008 y que entre los meses de junio de 2005 y junio de 2006 él y uno de los imputados causaron “desperfectos” en 476 piezas encontradas en el yacimiento con el objetivo de dotar a las mismas de un “pretendido valor histórico-cultural-religioso que no tenían”.

Así rayaron la superficie de esas piezas “a los efectos de realizar sobre ellas las supuestas inscripciones excepcionales, deteriorando así de forma irreversible piezas tardo-romanas auténticas”, remarca el fiscal.

Además y con la intención de dotar de una supuesta fiabilidad científica a las piezas manipuladas y obtener un beneficio patrimonial que no les correspondía Gil y su trabajador se concertaron con el tercer imputado, quien afirmaba falsamente que era físico nuclear, para llevar a cabo tres informes sobre las piezas basados en analíticas que nunca se llegaron a realizar, siempre según la Fiscalía.

Los informes fueron remitidos a la Diputación alavesa que abonó por dos de ellos 12.500 euros. En las conclusiones de esos tres informes emitidos por el tercer imputado se decía que no existían razones para creer que las piezas estudiadas hubieran sido manipuladas en época reciente para inscribir en ellas los grafitos que mostraban y añadía que los análisis se habían hecho en unos “laboratorios de espectroscopia nuclear” en Francia.

“Sin embargo, tales análisis no existieron en realidad, ni fueron adjuntados al informe, siendo una mera invención del acusado para dotar de credibilidad” al mismo, indica el fiscal.

Ante la sospecha de falta de autenticidad de los llamados “grafitos excepcionales” en enero de 2008 la Diputación alavesa creó una comisión científica asesora que determinó que no eran auténticos. Finalmente, la entidad foral presentó en marzo de 2009 la querella que ha dado origen a esta causa.

La Fiscalía recuerda que la dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco ha estimado los daños causados al patrimonio en 600 euros por cada una de las 476 piezas arqueológicas dañada, lo que supone un total de 285.600 euros.

La Diputación alavesa, por su parte, eleva a siete años y seis meses las penas contra Eliseo Gil, mientras que para el trabajador de Lurmen reclama tres años y nueve meses de prisión por un delito continuado de daños.

Para el tercero de los imputados, el colaborador de Gil que dijo ser físico nuclear, la institución foral solicita tres años y nueve meses de cárcel por un delito continuado de estafa.

Pide además que Gil y el trabajador de Lurmen indemnicen a la Diputación con 286.600 euros, mientras que para el principal acusado y su colaborador reclama otros 15.580 euros. EFE

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