Álava: Preocupados por la dificultad de probar abusos sexuales a menores

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(EFE).- La práctica totalidad de los abusos sexuales a menores provienen del entorno más cercano a las víctimas, tanto del ámbito familiar como del educativo o de ocio, lo que hace que la obtención de pruebas sea difícil porque se producen en un ámbito de confianza o sin testigos.

Esta es una de las preocupaciones que expresa la Fiscalía de Álava en su memoria de 2017, en la que advierte de que en estos casos la prueba “casi exclusiva” recae en el testimonio de la víctima y muchas veces, dada la poca edad del menor, la obtención del mismo es “extremadamente difícil cuando no imposible”.

También la Fiscalía expresa su preocupación por los casos de agresiones de hijos a padres y asegura que las situaciones suelen ser dramáticas porque los progenitores solo acuden a la Justicia cuando el problema es grave y desemboca en una situación de convivencia imposible con agresores que no suelen tener medios económicos para independizarse.

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La Fiscalía solicita una vez más que se haga una reforma legislativa que elimine la obligatoriedad de imponer una medida de alejamiento en estos supuestos de violencia doméstica pues la situación actual aboca a los afectados a quebrantar la pena.

Así, reclama que se pueda evaluar individualmente cada caso sin tener que ordenar obligatoriamente el alejamiento del hijo agresor.

La Fiscalía dedica un extenso apartado a los menores y advierte de que el ranking de los delitos cometidos por los jóvenes lo encabezan los de lesiones, seguidos de los de maltrato en el ámbito familiar y los de robo con violencia o intimidación.

Indica que las estadísticas que se manejan dan la impresión de que la violencia de género entre los menores no existe porque el número de expedientes incoados es escaso, por ejemplo cuatro en 2015, dos en 2016 y tres en 2017.

En su opinión, esta situación estadística se produce porque no se denuncia ya que “resulta imposible” que haya tan pocos casos de jóvenes alavesas víctimas de la violencia de género.

La Fiscalía, que abrió 4.882 causas en 2017 frente a las 5.307 de 2016, es decir un 8 % menos, constata además la alta incidencia de los delitos de quebrantamiento de penas o medidas cautelares que se producen, sobre todo, en supuestos de violencia de género o doméstica.

Y para luchar contra esta lacra, añade, es necesaria una mayor dotación de medios personales y materiales para el control de la efectividad de las medidas.

Valora que el Gobierno Vasco haya reforzado el sistema de asistencia y asesoramiento legal para supuestas víctimas de violencia machista, previo a la propia denuncia.

En relación a los menores extranjeros, la Fiscalía asegura que la coordinación con los médicos forenses es altamente satisfactoria y los procedimientos de determinación de la edad se realizan de forma ágil, así como la comunicación y colaboración con la Fiscalía de Menores.

Por otra parte en la memoria se destaca el aumento de la eficacia en la persecución de delitos de los denominados de cuello blanco, como consecuencia de la creación dentro de la Fiscalía de la Sección de delitos económicos.

No obstante, reitera la dificultad para conseguir condenas por delitos de blanqueo de capitales en los supuestos de multas relacionadas con estafas a través de Internet, lo que crea una peligrosa sensación de impunidad.

Por último, también aboga por mejorar el control de la gestión de las ayudas sociales RGI y PCV ya que algunos casos de fraude son cometidos por organizaciones criminales. EFE

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