Abogados de Álava piden más inversión en justicia gratuita, no solo “migajas”

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IMQ Noviembre

(EFE).- Los abogados de Álava han reclamado una mayor inversión en justicia gratuita, que ahora solo recibe “migajas”, y una actualización de las tarifas que cobran los abogados de oficio en Euskadi, sin revisar desde 2011.

La sede del Colegio de Abogados de Álava ha acogido una jornada con motivo de la celebración del Día de la Justicia Gratuita, a la que también ha asistido la consejera vasca del ramo, María Jesús San José.

En su intervención, la consejera ha reiterado que a principios de 2018 presentará el nuevo decreto regulador de la Asistencia Jurídica Gratuita, dedicado a la atención jurídica de las personas sin recursos y que se está consensuando con los colegios profesionales.

El decano del Colegio de Álava, Javier García Pascual, se ha felicitado por este anuncio, que abrirá la puerta a que se revisen los baremos y las actuaciones por las que cobran los abogados de oficio.

En declaraciones a Efe, ha explicado que los usuarios de la justicia gratuita valoran el desempeño de estos letrados, pero no así las administraciones, a las que ha pedido “un poquito de dignidad para los abogados en forma de remuneración” porque “hay mucho trabajo que no está reconocido”.

Los baremos del turno de oficio varían por comunidades. En Euskadi las tarifas son más elevadas que en el conjunto de España, donde en general los abogados están “muy mal pagados” (135 euros de media por expediente), aunque gallegos y catalanes están mejor pagados que los vascos en algunas cuestiones.

A pesar de ello, en Álava no hay problemas para completar el turno de oficio (tiene carácter voluntario), ya que el 46 % de los abogados que ejercen están apuntados al mismo, frente al 32 % de media en España. Los letrados alaveses no se apuntan por “una cuestión económica, sino por compromiso social”, ha valorado García Pascual.

Durante la jornada se ha dado lectura a una declaración consensuada por los 83 colegios de abogados de toda España. En ella se reclama un Pacto de Estado por la Justicia en el que la justicia gratuita y el turno de oficio “sean tratados de forma rigurosa y realista”.

Se pide asimismo la “dignificación de la justicia gratuita y de los profesionales que la prestan”, al tiempo que se rechaza “cualquier iniciativa de privatización” porque sería “incompatible la naturaleza de este servicio público con la mercantilización de su prestación”.

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